El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha emplazado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a que, «sin más dilación», se pronuncien sobre si el expresidente del Govern Jaume Matas debe ir a juicio por la contratación 'a dedo', por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.
Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide así a las acusaciones que presenten su escrito de calificación por estos hechos -en el que concreten delitos y peticiones de pena- y soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, insten el archivo de esta pieza -la número 3- del caso Palma Arena, en que únicamente Matas se encuentra encausado.
Se trata de un trámite del que ya dio traslado al Ministerio Público y a la Abogacía balear en marzo del pasado año, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 puso fin a la instrucción de estas diligencias y daba el primer paso para que el exmandatario autonómico se sentara de nuevo en el banquillo de los acusados.
En ese auto, Castro imputaba a Matas delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial.
La defensa del expresidente alega, sin embargo, que la decisión de contar con los servicios de Calatrava fue «plenamente legítima». De hecho, el propio Matas asumió ante el juez su responsabilidad en la elección del arquitecto valenciano y justificó la contratación sin ningún concurso previo por ser una persona «muy cualificada técnica y artísticamente».
A juicio del juez, Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas «con la finalidad de que el partido político que le sustentaba y que presidía obtuviera una decisiva ventaja» en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, «a sabiendas de que la ejecución de tal proyecto no estaba en su horizonte decisorio, cuando menos a corto ni a medio plazo».
Para ello, recordaba Castro en su resolución, el exministro dispuso la contratación de un arquitecto de «notoriedad» como Calatrava, lo que se llevó a cabo «al margen de cualquier procedimiento administrativo». Entre los pormenores que rodearon a las negociaciones, el juez subraya el hecho de que Matas, en marzo, concertó una cita con Calatrava en Roma, donde éste residía, cargando al erario público los gastos que supuso el viaje y que ascendieron a 5.124 euros.
Entre las partidas se hallaban el alquiler de un coche con chófer por 1.300 euros, y una noche de estancia en hotel por 945 euros. Fue en ese primer encuentro cuando Matas, a quien legalmente le estaba vedado ser órgano de contratación, le hizo al arquitecto el encargo en firme de que llevara a cabo el anteproyecto de la ópera y la construcción de dos maquetas por 1,2 millones de euros. Calatrava asumió el proyecto de forma verbal.
Tras ello, relata Castro, Matas ordenó al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que amañase un expediente de contratación de contratación mediante la proposición de distintos acuerdos al Consell de Govern a pesar «de que no existía estudio económico del proyecto, que formalmente se desconocía, ni tan siquiera por simple aproximación, el presupuesto necesario para acometerlo».
Encomendada la contratación al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), había que elegir el «ropaje administrativo» que debía revestir el encargo, producido un año antes «directa y verbalmente» por lo que se optó por la contratación directa a través de un procedimiento negociado sin publicidad «en el que se habría de omitir la exigencia legal de cursar invitaciones a tres profesionales del sector».
DESGLOSE DE LOS PAGOS
Así fue como el arquitecto valenciano acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.
Sin embargo, asevera el magistrado que el resultado fue que en el Govern «vieron lo que nunca se les entregó y lo que sí les fue entregado ni se entretuvieron en desplegar su contenido», lo que «no impidió que se pagara ese millón de euros por un paquete que nunca abrieron ni saben dónde lo guardaron».
«Lo que cuesta más asumir es que, proclamándose el señor Matas tan ferviente admirador de la obra de don Santiago Calatrava no haya sucumbido a la tentación de apreciar directamente la maqueta desembalándola, tentación que debiera tornarse en obligación cuando solamente por ella se habrían de pagar 60.000 euros», añade el juez.
FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS PARA LA PRESENTACION DE LA OPERA
Del mismo modo, Castro señala cómo el Govern efectuó el pago de facturas valoradas en unos 100.000 euros en total para la preparación del acto de presentación de la ópera, cantidad que fue fraccionada en once contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
En concreto, los pagos iban dirigidos a diversos proveedores de cara a preparar un acto de presentación que finalmente no se llevó a cabo debido a que horas antes así lo había prohibido la Junta Electoral en 2007 ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de ese año. El juez llama la atención sobre «las conexiones escandalosamente evidentes» entre las empresas adjudicatarias de los encargos, relativos al montaje de las carpas y tarimas del acto.