El juez de Instrucción número 3, José Castro, ha concluido la investigación de cinco piezas separadas del llamado caso Palma Arena, en cuatro de las cuales plantea que siga el procedimiento para juzgar al expresidente del Govern Jaume Matas por supuestos fraude y malversación de caudales públicos.
En cinco autos dictados este jueves, Castro ordena que continúe el trámite de las piezas 13, 16, 17, 19 y 24 de este caso de presunta corrupción mediante procedimiento abreviado y plantea a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares y PP balear) que, en un plazo de 10 días, formulen escrito de acusación pidiendo la apertura de juicio o bien soliciten el archivo.
En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza 24, imputa el presunto delito de blanqueo de capitales a Matas, su esposa Maite Areal, su cuñado Fernando Areal y otras cinco personas (Bartolomé Reus, Miguel Angel García-Inés, Antoni Obrador, Josefa Lorca y María Emilia Rodríguez).
Esta investigación versa sobre, entre otras materias, la adquisición de una edificación en el centro de Palma por parte del expresidente y exministro, acondicionamiento de la misma, así como acerca de la compra y reforma de un piso en Madrid, y sobre gastos relacionados con propiedades en la Colònia de Sant Jordi.
En el caso de la pieza 19, sobre la contratación para construir la pista del velódromo Palma Arena, Castro da por finalizada la instrucción y continúa la tramitación contra el expresidente Matas, los arquitectos Jaime García-Ruiz y Luis Garcia-Ruiz, y Sander Martín, y el exgerente del consorcio del Palma Arena, Jorge Moisés, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
Según el auto de Castro, los hermanos García-Ruiz fueron adjudicatarios de la construcción del velódromo por 3.260.263 euros, en colaboración con el arquitecto Martin. Sin embargo, fue el Consorcio del Palma Arena el que pagó a este último arquitecto la obra de construcción, aunque deberían haber sido los García-Ruiz.
El juez recuerda además en el auto que una de las facturas de la que se hizo cargo el consorcio fueron 900.000 euros pagados a una constructora por ayudas de carpintería en la pista, un tipo de ayuda que debería haber prestado Martín.
Señala también que nadie controló el número de operarios que trabajaron en la pista ni su cualificación técnica aunque se sospecha que era inadecuada, ni el tiempo que dedicaron a esos trabajos.
Si bien prosigue el procedimiento hacia Matas, el gerente del consorcio y los tres arquitectos, Castro archiva la causa de manera provisional para tres personas más.
También ha concluido la investigación de la pieza 13, sobre la campaña de comunicación del Mundial de Ciclismo en pista de 2007 y continúa la tramitación contra Matas, el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester y el empresario Miguel Romero por los presuntos delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad.
Según Castro, la tramitación de dicha adjudicación por casi 885.000 euros se falseó ya que no hubo reuniones de la entidad que la concedía, el patronato de la Fundación Illesport, y uno de los trámites, la autorización del gasto, se llevó a cabo con «encomiable diligencia» en cuestión de tres días, entre otras irregularidades.
El juez ha decretado además el sobreseimiento provisional de este caso para cinco personas (Antoni Amengual, el exgerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; la exjefa de gabinete de Matas, Dulce Linares; el exdirector de Comunicación Joan Martorell; y el exgerente del Consorcio Palma Arena, Jorge Moisés).
A su vez, Castro cierra la instrucción de la pieza 27-1 del caso Palma Arena, conocida como caso Over, en la que ha investigado los contratos con los que fue beneficiada la empresa Over Marketing MCW y otras de su grupo por parte del Govern. La investigación del llamado caso Over ha finalizado y Castro ha ordenado en un auto emitido este jueves también que prosiga el procedimiento contra el expresidente del Govern Jaume Matas y la exconsellera de Salut Aina Castillo por presunta prevaricación, malversación, fraude y falsedad.
El juez dicta el pase a procedimiento abreviado del proceso contra Matas, Castillo, la que fuera jefa de prensa de la Conselleria Maria Luisa Duran y el dueño de Over, Daniel Mercado, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, y falsedad en documento oficial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
En el auto, Castro recuerda que el caso saltó cuando se descubrió que Over Marketing MCW y las empresas de su grupo habían sido favorecidas en diversas adjudicaciones, a raíz de una investigación policial de la concesión de un contrato por 20.300 euros del Ayuntamiento de Inca a dicha compañía para que hiciera un estudio sobre la calidad de vida en el municipio.
La entidad había sido la encargada de realizar la campaña electoral del PP balear en las autonómicas de 2003 y era investigada además en el sumario del llamado caso Gürtel.
La pieza cerrada este jueves versa sobre los contratos de Over con la Conselleria de Salut en la legislatura 2003-07.
En la pieza 16, Castro ha cerrado la instrucción y continúa la tramitación por procedimiento abreviado contra Matas, Ballester, Moisés, Romero y Jane King, por los delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial y mercantil, en una investigación sobre el fraccionamiento de contratos por parte del Govern.
En cuanto a la 17, sobre el posible cobro de comisiones al empresario Romero por parte de Moisés en contrataciones públicas de distintos organismos autonómicos, finalizada la investigación Castro plantea que prosiga el procedimiento para ambos por presunta malversación.
Por otra parte, Castro ha dictado varias providencias en las que recuerda a las acusaciones que ya se ha dictado el pase a procedimiento abreviado que daba un plazo de diez días para presentar escritos de acusación o pedir el archivo y les conmina a seguir la tramitación sin más dilación.