Emaya detecta cada año a unos 600 infractores que no pagan el agua; la mitad de ellos se la quitan directamente a la empresa municipal y la otra mitad a sus vecinos.
La cantidad defraudada a Emaya asciende a unos 52.000 euros anuales; sobre la cuantía correspondiente a los vecinos no hay datos. «El índice de fraude es bastante elevado», sostiene el jefe d'Atenció al Ciutadà de Emaya, Ricardo Quesada.
Estas prácticas se han ido incrementando como consecuencia de la crisis económica y el crecimiento poblacional que ha experimentado la capital balear en los últimos años.
Quesada opina que no se puede hablar de un perfil concreto de defraudador, ya que hay de todo tipo. No obstante, sí destaca que la mayoría de las viviendas en las que se realizan estas prácticas son de Okupas, de personas que no tienen ingresos o que abandonan el inmueble.
Según Quesada las zonas de Palma más afectadas por estas prácticas son la Soledat, Corea, Son Gotleu y Nou Llevant. «Podríamos ir cada semana y en cualquier portal encontrar conexiones irregulares». En este punto añade que «tal y como las quitan las ponen». En concreto, utilizan unos latiguillos (en la foto se observan en la parte superior izquierda e inferior derecha) para engancharse a la red de agua potable sin pasar por el contador.