Lío entre la presidenta del Parlament Xelo Huertas y la izquierda por la ubicación de la Oficina Anticorrupció

La creación por ley de la Oficina Anticorrupció, primer gran objetivo que debatirá y tiene previsto aprobar la Cámara este otoño cuando comience el próximo período de sesiones, llega envuelta en el lío. La causa es que hay divergencia sobre el lugar donde se ha de ubicar. Xelo Huertas (que aún no lo ha consensuado con su partido, Podemos) la quiere en en el local del antiguo restaurante del Parlament, en la calle Conqueridor, justo al lado de la entrada principal de la cámara autonómica.

PSIB y Més se oponen. Reclaman un lugar «discreto», alejado del ambiente institucional, de la presión del los grupos parlamentarios e, incluso, de los periodistas. Por contra, Huertas considera que la futura oficina ha de ser un símbolo, un icono que muestre a todos los ciudadanos la voluntad del autogobierno de luchar contra la corrupción. Además, cree que los potenciales denunciantes pueden ser funcionarios, que son los que más probabilidades tienen de enterarse de actos de corrupción. Una sede con todos los honores «haría que se sintiesen respaldados a la hora de denunciar».

Habrá qué ver cómo se resuelve el tema y si Podemos apoya al final a su presidenta o la fuerza a dar marcha atrás por un pacto conjunto con socialistas y econacionalistas. Pero mientras, la tensión ya está servida, y en una cuestión tan peliaguda como la corrupción, que al fin y al cabo de eso se trata.

Otro aspecto que levanta ampollas de esta ley es la designación del director de esta oficina. Según el proyecto de ley (que soporta decenas y decenas de enmiendas) tendrían que ser necesarios los tres quintos de la Cámara para nombrar a este ser «justo y superindependiente». Eso quiere decir que puede nombrarse sin el los votos del PP, ya que la izquierda más el PI dan los sufragios suficientes. No obstante, la intención de Xelo Huertas es que se le nombre por consenso, incluidos los populares. De lo contrario, si el PP vuelve a ganar dentro de tres años no pocos miembros de la izquierda consideran que «borrarían la oficina de un plumazo porque la verían como un resorte en su contra».

En paralelo, el portavoz de Més, David Abril, tiene previsto lanzar la implantación de la figura del síndic de greujes, una aspiración histórica del autogobierno balear desde los años ochenta que jamás se ha convertido en realidad por divergencias (y temores) políticos. Ambas figuras, el director de la oficina y el síndic, son paralelas «pero no incompatibles», considera Abril, ya que la Oficina Anticorrupció trataría cuestiones a menudo de naturaleza penal mientras que el síndic lo haría sobre todo tipo de reinvindicaciones y reclamaciones de los ciudadanos ante la Administración.

El tema parece que va adelante, pero la ubicación de la oficina enturbia el asunto. Xelo Huertas quiere un lugar simbólico, sólido y consistente. PSIB y Més lo desean escondido pero sin que nadie que pase por sus dependencias o envíe papeles o correos electrónicos pueda sentirse coartado. La solución se sabrá pronto.