El Parlament aprobó este jueves, con los votos en contra de Podemos y Gent per Formentera, una medida legal que permitirá que, durante un tiempo (un máximo de seis años) se puedan seguir construyendo urbanizaciones aunque no se haya completado la red de alcantarillado.
La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que se aprobó este jueves, prevé una fórmula que permitirá a los ayuntamientos otorgar licencias urbanísticas en núcleos urbanos sin red de alcantarillado, aunque obligándoles a completarlas por etapas. Esta propuesta partió de una enmienda del PI. El PP votó a favor, igual que el PSIB, MÉS, PI y C's. Podemos lo hizo en contra. Y también se opuso la única representante de Gent per Formentera, partido aliado de los socialistas.
Polémica
El pleno de estuvo marcado por la polémica, pero no por este asunto. La polémica fue otra. El PP tendrá que esperar a septiembre para controlar la gestión del Govern desde el Parlament. Aunque nunca estuvo claro que este jueves el PP pudiera formular preguntas durante la sesión, los ‘populares' lo habían dado por hecho y hasta habían explicado a los medios cuáles iban a ser las cuestiones que iban a plantear, entre ellas los criterios que se seguían en IB3 para sus contratos con las productoras. También iban a interpelar al Govern sobre el inicio del curso escolar. Pero no hubo preguntas de control. El pleno se dedicó a la aprobación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental después de que la Diputación Permanente denegara la propuesta ‘popular' de celebrar, a continuación un pleno extraordinario con preguntas. PSIB, Podemos, MÉS y Ciudadanos votaron en contra, el PI se abstuvo y sólo el PP votó a favor.
Para la portavoz ‘popular' Marga Prohens, está claro que «Podemos y el Govern han diseñado una estrategia pactar acallarnos». «Predican transparencia y luego nos niegan el derecho a preguntar», dijo.