El Consell se ha puesto serio con el control de las vallas publicitarias junto a las carreteras no urbanas. Según la ley autonómica, es ilegal situarlas cuando sean «visibles desde la zona de dominio público de la carretera» y, aunque el 80% de las que hay ahora mismo deberían prohibirse, hasta ahora no se ha retirado ninguna por parte de la institución insular.
Marc López, secretario técnico del departamento de Territori i Infraestructures, considera que multar a las empresas pero no demoler las vallas «sale rentable» a los anunciantes porque mantienen la estructura después de pagar la sanción (que van desde los 1.500 a 16.000 euros, en función del tamaño de la publicidad y de lo cerca que esté de la carretera).
El impacto paisajístico que suponen las vallas y el peligro de distraer a los conductores son los dos motivos que, según López, han llevado al Consell a aumentar las sanciones, a aplicar criterios de reincidencia para las empresas que ya hayan sido multadas y a llevar a cabo la demolición de la estructura si no lo hace el propietario después de un mes de advertencia. La intención es que los derribos empiecen en unos meses, ya que, aunque el Consell se ha puesto en contacto con empresas que podrían retirarlas, el plan está todavía «en fase de estudio» para decidir qué vallas deberían desaparecer y de qué manera.