El Tribunal Supremo ha anulado la condena de dos años de cárcel que le fue impuesta por un delito de fraude a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve en el marco del caso Cloaca, en el que se juzgó la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca por 59.500 euros y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.
Sí confirma la pena de ocho años de inhabilitación a la que la Audiencia Provincial de Balears le condenó por un delito de prevaricación.
El Alto Tribunal deja asimismo sin efecto las condenas de cárcel a las que se enfrentaban la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, el empresario Simón Galmés y otro de los proveedores que fue juzgado, Miguel Rullán.
La Sala de lo Penal del TS justifica las absoluciones por fraude en la inexistencia «de un daño o perjuicio patrimonial» al Consell, «ni propuesto o maquinado, ni efectivo o real, por cuanto lo que refleja el 'factum' será una prevaricación, al adjudicar, con arbitrariedad y desprecio de las normas administrativas que regulan la materia, un contrato a un amigo correligionario político».
La sentencia de la Audiencia consideraba probado cómo Julve y Castañer se pudieron de acuerdo para actuar «con el fin de beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM», para lo cual se concertaron con Galmés, responsable social de la empresa Ses Nostres Eines, y Rullán, del Grupo Rullán. Y ello, asevera la resolución, «con desprecio total» de las normas administrativas y legales de contratación pública.
«Insulto a la racionalidad»
De hecho, respecto a una de las contrataciones objeto de juicio, el tribunal se mostraba tajante al afirmar que «supone un insulto a la racionalidad» negar la existencia de un concierto para defraudar, y recalcaba que ambos empresarios se presentaron al negociado «porque sabían que iban a ser los ganadores, pues así se había decidido por los políticos de turno, para pagar favores a los amigos y por militancia política».
«Tan arraigada está la idea de la confianza que Miguel Rullán declaró que veía lógico que la Administración invite sólo a empresas de confianza a los negociados», espetaba la Sala.