Los últimos años de escándalos políticos y públicos vividos en Balears en paralelo a una implacable acción de la Fiscalía Anticorrupción demuestran dan la medida exacta de hasta qué punto la elite dirigente de nuestra sociedad se emborrachó de poder y de gloria durante los años del boom económico y de la opulencia del euro recién estrenado. Luego vino la crisis económica. Y es una ley histórica que toda depresión acaba devorando a sus propios padres y progenitores, los que no supieron ni preverla ni reconducirla con prudencia aunque la viesen venir.
Aquí entró de lleno la acción de la Fiscalía Anticorrupción, empujada por la evidencia de los hechos y cogida entre el fuego cruzado de las luchas partidistas. Muy buena parte la información conseguida por Pedro Horrach y sus compañeros provenía del propio autogobierno balear una vez que Jaume Matas hubiese perdido el poder en 2007 y fuese sustituido por Francesc Antich. Aquella pugna, con pruebas en la mano, produjo una explosión en cadena. Y eso que la tensión ya venía de antes. En 2006, con Matas en el Consolat pero con Zapatero y Rubalcaba en Moncloa saltó el caso Andratx y la detención del alcalde Hidalgo. Fue el prólogo de la derrota matista unos meses después y su sospechosa marcha a América.
En aquel contexto, Fiscalía Anticorrupción se convirtió en caja de resonancia mediática y social. Pedro Horrach se incorporó a este organismo en 2008, cuando comenzaron a estallar escándalos, mientras, en paralelo, el pacto de la izquierda con UM entraba en abierta crisis.
La sucesión de escándalos fue incrementándose. Toda la documentación sensible dejada por el Govern Matas acabó en manos de Fiscalía. Y el caso Palma Arena acabó manchando a la hija del Rey Juan Carlos y a su yerno. El juez Castro y luego la Audiencia de Palma se convirtieron en los primeros magistrados de la Historia de España en sentar a la hija de un Rey en el banquillo. No había ocurrido jamás, desde el primer rey godo, Ataulfo, en el siglo V, hasta nuestros días. Hace dos años abdicaba Juan Carlos I.
Pedro Horrach, sujeto al jerarquizado Estatuto Fiscal, que en su vértice último coloca al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, habrá soportado tensiones indescriptibles en los últimos años. Un juez tiene instrumentos legales en sus manos para soportar toda suerte de embates por parte del Ejecutivo. Un fiscal, no. Desde esta perspectiva, ha actuado con absoluta dignidad y se ha mostrado como un gran jurista. El defensor defiende a la persona, el fiscal, a la Justicia y, en consecuencia, al Estado de Derecho.
Horrach ha luchado hasta el final intentando preservar la inocencia de Cristina de Borbón, sabiendo que eso le acarrearía incomprensiones, le haría perder amigos y le sometería incluso a aislamiento social. Pero no ha dudado. En sus intervenciones en el juicio de Nóos ha transmitido credibilidad, convicción y técnica. Ése ha sido su principal activo. Su actuación se ha situado incluso por encima de la declaración de la propia infanta. Horrach (la defensa del Estado de Derecho) y no Cristina sido la estrella del macrojuicio. Horrach ha convertido a Cristina en inocente, pero no ha podido evitar, a los ojos de los ciudadanos, que sea considerada una niña eterna.
Ahora se marcha al ejercicio privado de la abogacía. Es todo un gesto, un acto de autoconfianza. Horrach, por circunstancias de patrimonio familiar, no necesita un sueldo público para vivir. Por eso se sitúa al otro lado del arco jurídico, dispuesto a defender a las personas en sus conflictos con el Estado.
Tal vez se trate de un paso intermedio. Es tal su popularidad que sin duda recibirá dentro de poco tiempo tentadoras ofertas para cruzar el Rubicón y dedicarse a la política. ¿Será algún día president de les Balears? Coraje y sentido de la rectitud no le faltan, se esté de acuerdo con él o no.
Porque para imponer sus argumentos despliega una solidez jurídica y una fe en sí mismo que causa escalofríos.
La renuncia de Horrach a ejercer de fiscal es directamente proporcional a su autoconfianza
Joan Riera | Palma |