Afedeco ha denunciado este martes que existe una mayor inseguridad jurídica y presión comercial por la suspensión cautelar de la Norma Territorial Cautelar (NTC) en el ámbito de Playa de Palma.
Según ha informado en un comunicado, a pesar de que podían prever esta posibilidad, la noticia de que la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) suspendía cautelarmente la aplicación de la norma territorial cautelar «supone un duro revés para los interés del sector y una situación de inseguridad jurídica de cara al Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales».
Según Afedeco, esta suspensión cautelar puede ser «la puerta de entrada de todo tipo de licencias para grandes superficies dentro de ese específico ámbito territorial aprovechando la situación que se produce en todo el territorio balear». Supone, dicen, aplicar una excepción en una única zona de manera aislada «que va a sufrir una presión sin precedentes» y, por tanto, se convertirá en «el oasis en el desierto».
UNA DECISIÓN JUDICIAL «DIFÍCIL DE ENTENDER»
Tras mostrar su respeto a la decisión judicial, la patronal entiende que sus efectos jurídicos «ponen en riesgo y desvirtúan» la finalidad propia de la NTC previa al desarrollo del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales, «que sufre una herida de efectos incalculables». En este sentido, señalan que «en ocasiones las decisiones judiciales se hacen difíciles de entender».
En cualquier caso, Afedeco indica que la consecuencia inmediata del dictado del auto es que la NTC no puede ser de aplicación en el ámbito de la Playa de Palma, mientras dure esta suspensión. Por ello, los empresarios que quieran impulsar la implantación de comercios de gran superficie en este espacio, pueden tramitarlos y el Ayuntamiento de Palma no puede paralizar estas solicitudes.
Si cabe recurso, Afedeco entiende que deben agotarse todas las vías posibles y el comercio que representan «se pone absolutamente del lado» del Consell de Mallorca en esta problemática.
«No llegamos a entender que una norma que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, y del Govern ahora pueda ponerse en riesgo ante una decisión judicial en la que han primado más criterios de contenido exclusivamente jurídico que de otras índoles más importantes», concluye la patronal de comercio.