El abogado defensor de la infanta, Pau Molins, ha pedido este miércoles al tribunal la «merecida absolución de doña Cristina de Borbón» en la sentencia del caso Nóos y que «restablezca por fin la justicia para que nadie pueda dudar en el futuro de su inocencia».
Minutos antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el abogado ha pedido a las juezas una resolución absolutoria que transmita a la sociedad el mensaje contundente de que la Justicia «se aplica en condiciones de igualdad para todos, sin favorecer pero tampoco sin perjudicar a nadie por razón de su linaje, de su estatus social o de lo que se diga en los juicios paralelos».
Molins ha sido el último abogado en intervenir en el juicio y ha cuestionado por «temeraria» y «maliciosa» la acusación ejercida por Manos Limpias contra la hermana del Rey como presunta cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, en el IRPF de 2007 y 2008.
Ha calificado de «absolutamente desproporcionada» y «proscrita por el Código Penal» la pena de 8 años que pide el sindicato porque «jamás nadie ha sido objeto de semejante petición de condena» por un delito fiscal y la ha atribuido a la búsqueda de notoriedad y repercusión mediática por parte de dicha organización.
El letrado confía en que la absolución de la infanta impida «que una organización presuntamente irregular consiga alcanzar la culminación de sus indecentes propósitos» y ha citado a Cicerón para proclamar que «la Justicia no debe aspirar a ningún premio: se la imparte por ella misma y de igual modo sucede con todas las virtudes».
Molins ha defendido que Aizoon, la empresa que la infanta y su marido comparten al 50 %, fue creada para canalizar los ingresos de Urdangarin como consultor y para actividades inmobiliarias y no como sociedad pantalla para defraudar a Hacienda como sostiene la acusación, que considera que el ex duque de Palma la interpuso para beneficiarse al tributar mediante impuesto de sociedades en vez de IRPF y además desgravarse gastos.
En su alegato final, el letrado ha insistido varias veces en que Urdangarin era el único administrador de hecho y derecho de Aizoon y en que ejercía «un dominio absoluto y exclusivo sobre la compañía», donde la infanta «se limitaba a rubricar sin pedir explicaciones» por una cuestión de confianza, porque el matrimonio se había repartido las tareas y doña Cristina no tenía tiempo.
Nada sabía la infanta de las obligaciones contables y fiscales de la empresa familiar y «siempre ignoró qué concretos gastos eran atribuidos a Aizoon y de qué manera eran contabilizados o declarados fiscalmente ni si dicho tratamiento fiscal era o no el correcto», ha detallado Molins.
Si bien ha negado que Urdangarin incurriera en fraude fiscal, el letrado ha dicho que si el tribunal entendiera que sí lo cometió, «su esposa deberá quedar eximida de toda responsabilidad» porque ni lo facilitó, ni tuvo conocimiento al respecto, y su única contribución activa a Aizoon fue prestar su consentimiento cuando fue creada, 5 años antes del presunto delito.
Según Molins, la infanta no era «ni remotamente consciente de que su esposo pudiera estar cometiendo delitos fiscales ni que con sus conductas pudiera estar favoreciendo dicho delito». Aizoon tenía «un papel marginal» en la vida de la infanta debido a sus obligaciones familiares e institucionales y su trabajo.
Ha tildado además de «barbaridad dogmática» la tesis de Manos Limpias de que cualquier persona que intervenga en la creación de una mercantil esté generando una ocasión de riesgo para una futuro defraudación tributaria.
Tras el informe de Molins, la presidenta del tribunal ha concedido el turno de última palabra a los 17 acusados que, uno por uno, han rehusado utilizarlo, por lo que la magistrada ha declarado el juicio concluso y visto para sentencia.
La sesión de este miércoles, la sexagésimo primera, ha puesto fin al juicio más mediático celebrado en la historia de Baleares, con unos 85 medios de comunicación acreditados, una vista oral por la que han pasado 299 testigos y una veintena de peritos y que ha culminado la investigación iniciada en el verano de 2011 por el juez José Castro por las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nóos de Urdangarin y Diego Torres.