Quien no colabore con la futura Oficina Anticorrupción podrá ser sancionado con una multa de hasta 400.000 euros. La ley que crea este organismo de vigilancia de los cargos públicos incluirá un régimen sancionador a propuesta de Podemos, que ha presentado una enmienda que cuenta con el apoyo de PSIB y MÉS.
También podrá ser objeto de sanción mentir o negarse a contestar a las cuestiones planteadas por los investigadores, así como la falta de protección del denunciante. En función de la gravedad de las infracciones, la multa irá de 4.000 a 400.000 euros y puede acabar en la apertura de un expediente al funcionario.
La enmienda de Podemos es la de más entidad, pero no la única. El PP, por ejemplo, quiere que la Oficina Anticorrupción sirva además para vigilar el grado de transparencia de Govern y si cumple o no con las exigencias que le marca la ley, como la obligación de publicar los gastos de manera periódica. El PI también incide en ello, mientras que Ciudadanos pide que se investigue el ‘enchufismo' en la Administración.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que el PSIB haya presentado nada menos que 37 enmiendas, casi tantas como el PP, el PI y Ciudadanos juntos. Los socialistas quiere modificar el sistema de elección y de cese del director de la Agencia.