La titular del Juzgado de Primera Instancia 18 de Palma María del Pilar Caballero reproduce en su sentencia el término «ficción» empleado por la Audiencia Nacional al referirse a la titularidad de la finca Can Poleta de Pollença, y subraya que la mansión, y otras tres inmuebles situados en la Península, «siguen perteneciendo al entorno de Mario Conde».
La jueza confirma en su resolución el embargo de la finca de Can Poleta, de la que Ultima Hora informó el pasado viernes.
En el escrito, la magistrada recuerda que en las certificaciones registrales «figuran anotaciones preventivas de medida cautelar de prohibición de disponer de ellas, conforme al procedimiento abreviado seguido ante el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional».
Ese procedimiento fue incoado en 1994 por los delitos de estafa y apropiación indebida seguido a instancias de Banesto contra Mario Conde y Arturo Romaní.
La jueza de Palma desestima la pretensión de la sociedad luxemburguesa G.T. Beteiligung S.A. de dejar sin efecto la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de mantener el embargo ejecutivo de las fincas.