El código ético que prepara el Govern y que deberán cumplir todos los miembros del Ejecutivo deja en el aire qué debe hacerse en caso de que un alto cargo resulte imputado. El documento elaborado por la Conselleria de Transparència deja fuera la dimisión de los cargos en caso de que se abra una investigación judicial contra ellos y no marca la pauta que deberá seguirse.
La posición de los partidos que forman parte del Govern con respecto a si los imputados –ahora llamados investigados– deben o no dimitir no es coincidente. MÉS siempre ha defendido que los cargos dimitan si son imputados y así lo hizo la diputada Joana Lluïsa Mascaró, pero Miquel Ensenyat, imputado por el mismo caso que su compañera, mantuvo su cargo como conseller en el Consell. Otro miembro de MÉS, Antoni Verger, no pudo ser candidato a la Alcaldía de Palma por una imputación.
En el caso del PSIB, el otro socio del Govern, la postura oficial ante una imputación difiere y la línea marcada por Pedro Sánchez establece que las dimisiones se deben producir en el momento en que se abra juicio oral contra el investigado.
El documento no está todavía cerrado y está en fase de negociación entre los secretarios técnicos de las conselleries, pero el texto ya ha sido revisado inicialmente por los consellers. La intención es que pueda aprobarse en el Consell de Govern de la próxima semana.