El exsenador del PSOE Antoni Manchado ha declarado este jueves ante la jueza de instrucción 5 de Palma, Ana San José, que cuando era consejero delegado de la empresa autonómica Multimedia desconocía qué sociedades optaban a los contratos y ha defendido la utilidad de los trabajos pagados con dinero público.
Manchado, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación, ha subrayado que su papel al frente de la empresa pública en calidad de director general de Tecnología y Comunicación en la legislatura 2007-2011, era de dirección política, no de gestión directa.
Según fuentes jurídicas, el exsenador socialista ha indicado que, aunque autorizara las contrataciones investigadas, no intervenía directamente en su adjudicación ni sabía cuáles eran las empresas a las que se invitaba a participar en los concursos.
Manchado ha señalado en su declaración judicial que está satisfecho del trabajo que se realizó desde Multimedia, sociedad que canalizó en esa legislatura el proceso para la implantación de la televisión digital terrestre.
La fiscal Anticorrupción Ana Lamas ha pedido al declarante explicaciones por la falta de informes de necesidad y urgencia de algunos de los trabajos pagados por Multimedia, a lo el imputado ha señalado que la inminencia del «apagón» de la televisión analógica en 2009 justificaba los encargos.
Manchado también ha defendido la pertinencia de un informe sobre tecnología y salud encargado a una empresa de Pablo Rivero, un exalto cargo socialista que también ha declarado en calidad de investigado.
Rivero, que fue director general de Planificación y Financiación en el primer Govern del Pacto de Progreso (1999-2003) y director general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud en la segunda legislatura de Zapatero, ha declarado antes que el exsenador.
El antiguo alto cargo sanitario ha sostenido igualmente, según fuentes jurídicas, que no participó ni tuvo conocimiento de ninguna irregularidad en su relación contractual con Multimedia.
En este caso, en el que se investiga la presunta malversación de unos 327.000 euros públicos a través una decena de contrataciones, también está imputado Francisco Cano, exconcejal socialista de Calvià, donde también fue edil Manchado.
Cano, que ya declaró ante la jueza San José a principios del año pasado, fue contratado para gestionar convenios con ayuntamientos para la instalación de antenas por la productora Vídeo U, que a su vez había recibido el encargo de Multimedia.
Según fuentes jurídicas, el exdirigente socialista cobraba 2.300 euros al mes de forma indirecta de Multimedia a través de Vídeo U, que percibía cerca de 6.000 euros mensuales por la ejecución del proyecto.