La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha citado a declarar el próximo 13 de abril, en calidad de testigos, a la que fuera consellera de Presidencia y Deportes en el último mandato de Jaume Matas, Rosa Puig, y a la exsecretaria general de Vicepresidencia Jane King, a raíz del pago supuestamente fraudulento de 120.000 euros públicos que, según los investigadores, Matas habría ordenado abonar a un empresario y exconcejal del PP en el municipio mallorquín de Calvià.
Se da la circunstancia de que Matas es el único imputado en esta causa a pesar de que no fue el beneficiario de los fondos, tal y como alegan desde su defensa, que reclama la absolución de su patrocinado al recalcar que no intervino en los hechos investigados. La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito de malversación de caudales públicos.
El abogado de Matas, Miquel Arbona, reclamó en su día que, de ser finalmente acusado, el también exministro sea juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, como así está previsto en atención al delito que pesa sobre él. El letrado recurrió, de hecho, el auto por el que la magistrada acordó transformar las pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un tribunal del jurado.
El exlíder del PP se desvinculó del pago presuntamente irregular durante la declaración que en marzo de 2014 prestó ante la jueza, al recalcar que en ningún momento intervino para favorecer al exregidor del PP Jesús García Oeo. Según explicó, conoce al exconcejal por ser del mismo partido, pero negó que hubiera amistad entre ambos. Es más, aseguró que nunca ha hablado con él en relación a pagos irregulares.
El exministro fue imputado en este nuevo procedimiento judicial, derivado de otro caso de corrupción, el caso Turismo Jove, que llevó a juicio a varios exaltos cargos implicados en una trama por la que desviaron, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros a través del consorcio público Turisme Jove, lo que provocó su quiebra técnica.
Uno de los inculpados, el exdirector general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, involucró a Matas en el pago de 120.000 euros procedentes del consorcio, al acusarle de haberle ordenado transferir esta cantidad al exconcejal del PP en Calvià, bajo la apariencia de que irían destinados a varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal). Unas estancias que nunca llegaron a realizarse.
Cabe recordar que Matas ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Sobre él pesan así nueve meses de cárcel -que ya cumplió en la cárcel de Segovia- por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, así como una multa de 9.000 euros y la devolución de los 42.111 euros que percibió como dádiva de un hotelero mallorquín a través de la contratación ficticia de su mujer.