Once CCAA --Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Navarra-- han suscrito una declaración a través de la cual demandan a las instituciones europeas y a los gobiernos de los estados miembros, en particular al de España, «una mayor implicación» a la hora de atender a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos bélicos «especialmente violentos y sangrientos».
A través de la declaración, promovida por el Gobierno de Navarra y apoyada por los consejeros responsables en la materia, las once CCAA muestran su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas y reclaman el «desbloqueo» de los procedimientos que permitan su «llegada segura» a Europa así como una distribución adecuada.
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Lapara, ha explicado en la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo que el documento critica «la aparición en Europa de actitudes y planteamientos que son absolutamente incompatibles con nuestro modelo de convivencia». «Las últimas noticias ponen, además, de manifiesto este hecho», ha añadido.
«La lógica de la cooperación y de la solidaridad entre los estados miembro ha fracasado rotundamente», ha dicho, para censurar que «la única vía que han encontrado es la de la represión, buscar un gendarme externo». A su juicio, «la crítica a las instituciones europeas en este tema es especialmente pertinente».
«INCAPACIDAD Y RESISTENCIA»
En el documento, que ha sido conocido este miércoles por el Ejecutivo foral en su sesión, lamentan que las instituciones europeas «no estén a la altura de la gravedad» de la crisis y critican especialmente «la incapacidad y la resistencia» del Gobierno de España para plantear soluciones así como su «reiterada negativa» a contar con las CCAA, pese a que estas tienen competencias de acogida e integración. «Ese no es el sentir mayoritario de los pueblos que convivimos en el conjunto de Estado», apuntan.
Al respecto, las once CCAA exigen al Ejecutivo en funciones que permita la participación de estas administraciones en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del propio Estado para la atención a estas personas, «para asumir de manera conjunta la aplicación de las medidas oportunas con las que afrontar integralmente esta situación».
Asimismo, exigen la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar la «imprescindible» definición de los criterios de distribución geográfica de quienes acceden a territorio o se encuentran en campos y reasentamientos en zonas afectadas o limítrofes.
Finalmente, las once CCAA instan al presidente del Congreso de los Diputados a proponer la constitución de una subcomisión parlamentaria en la que se debata un «nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio», abordando los nuevos retos existentes e incorporando a las CCAA para su definición y desarrollo. «Es un objetivo común construir efectivamente un espacio de asilo y refugio para las personas perseguidas, de la misma forma que lo son en otras democracias consolidadas», declaran.
Estas CCAA han querido hacer pública su postura ante la consideración de que «solo con la colaboración de todas las administraciones» - Estado, CCAA, ayuntamientos y otros entes locales - se puede dar respuesta a la crisis de refugiados.
«ES UN DERECHO»
En la declaración, las CCAA recuerdan que el refugio es un derecho que deriva de los tratados internacionales suscritos, en particular la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra y, por consiguiente, un deber de los estados que los han suscrito.
«En nuestra memoria histórica reciente está muy presente el derecho al refugio que benefició a muchos de nuestros conciudadanos durante la dictadura franquista, lo que nos permite hoy comprender mejor el valor del derecho de asilo», recuerdan.
Las CCAA indican que la política de refugio, además de ofrecer protección internacional a las personas perseguidas, debe de incluir también el objetivo de su plena autonomía e integración social. «En un contexto en el que las instituciones europeas no están a la altura de la gravedad de los conflictos que se vienen desarrollando a las mismas puertas de Europa, y sin que se llegue a plasmar mínimamente un compromiso humanitario para atender a las consecuencias de los mismos, se están poniendo de manifiesto en Europa actitudes y planteamientos que son incompatibles con el modelo de convivencia que tanto ha costado construir», censuran.