Los comerciantes quieren que el Ajuntament de Palma controle más la venta ambulante, un tema que les preocupa especialmente desde que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) declaró nula la polémica ordenanza cívica aprobada por el gobierno de Mateo Isern durante la legislatura pasada.
Según el presidente de Afedeco, Rafael Ballester, «tiene que haber algún tipo de regulación» sobre la venta ambulante, ya que ahora mismo «el comerciante que paga sus impuestos está desprotegido» ante el comercio ilegal.
Desde el Ajuntament ya explicaron que, con la anulación de la ordenanza cívica, el equipo de gobierno no espera aprobar una ordenanza específica (a pesar de que era su intención en un principio) porque la venta ambulante está ya prohibida por normativa estatal y porque «hay temas que consideramos que no se deben regular».
La intención del Consistorio es, en cambio, llevar a cabo medidas de inserción social y laboral a través de PalmaActiva que ayuden a estas personas a abandonar la venta ilegal y la red de mafias de falsificación de artículos.