La Ley de Fosas que este martes pasará su primer trámite parlamentario entreabre una puerta que hasta ahorra ha estado cerrada, al menos en España: juzgar la represión franquista que imposibilitó la Ley de Amnistía de la Transición.
La Ley de Fosas, que se presentó conjuntamente por todos los partidos que hicieron posible el cambio de gobierno después de las elecciones de mayo del año pasado, permite al Ejecutivo balear instar a la Fiscalía la apertura de procesos por crímenes contra la humanidad.
La ley, según el texto conjunto (al que no se opondrá el PP, que se abstendrá) faculta al Ejecutivo denunciar «indicios de la comisión de crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible». La Ley de Fosas cubre un vacío legal, desarrolla la Ley de la Memoria Histórica que aprobó en el primer Gobierno de Zapatero y termina con el voluntarismo de la Administración en la localización de fosas de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo. Cuando la ley esté vigente, el Govern localizará fosas y aportará recursos económicos.
El pleno también tomará en consideración una ley de igualdad específica para los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGYBI) que tipifica el odio a estos colectivos como delito.