El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha admitido a trámite una querella interpuesta por un subinspector de la Policía Local contra los exconcejales con el Partido Popular Guillermo Navarro e Irene San Gil, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación por asignar y mantener de forma «arbitraria» e «injustificada» al afectado en una plaza, en la Unidad de Tráfico del cuerpo, que judicialmente había sido declarada nula.
Mediante una providencia, la jueza María Pascual ha citado a declarar al denunciante el próximo 4 de abril. La querella también va dirigida contra el jefe del departamento de Servicios Jurídicos del Consistorio, Miquel Antich, y el del área de Personal, Juan García.
Tal y como sostiene el subinspector, los querellados «en ningún momento» procedieron a ejecutar la sentencia que, por la vía contenciosa-administrativa, declaraba nulo el destino que le fue asignado, «en detrimento de sus derechos económicos», por lo que «se le conservó en un puesto que era contrario a Derecho».
«Pero no sólo eso», añade la querella, que relata cómo las diversas instancias que el perjudicado iba formulando para que fuera reubicado en la plaza que ocupaba anteriormente -entre 1998 y 2009- y en las funciones que le competían «caían en el sueño de los justos y se adentraban en un limbo del que nadie los sacaba, permitíendose así que mi mandante continuase ocupando una plaza ajena a la suya, mientras que la legítimamente de su propiedad era ostentada por un extraño», abunda el abogado del subinspector.