La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, ha criticado este lunes que estamos ante un Govern que está «obsesionado con los funcionarios y el catalán», y que lo único que está haciendo es «derogar todo lo que aprobó el PP».
Así han coincidido en señalar tanto Prohens como la diputada Núria Riera en referencia al pleno extraordinario que se celebrará este martes para debatir y votar la toma en consideración de una proposición de ley para que el catalán sea un requisito para la administración pública, en lugar de ser considerado únicamente un mérito, y la propuesta, presentada por el PI, de normalización lingüística.
Con todo, Prohens ha lamentado que se vaya a celebrar un pleno extraordinario para tratar estas cuestiones y, en cambio, la presidenta del Govern, Francina Armengol, «se haya negado a comparecer de manera extraordinaria para explicar el 'decretazo' de medidas urbanísticas que se aprobó de forma urgente».
«Es el Govern de la derogación y de la no construcción. Hay un baile de equilibrios internos que hace que Armengol sea la presidenta del Govern, pero no gobierne», ha apuntado la portavoz del PP en referencia a la «indefinición evidente» que deja el decreto urbanístico, recientemente aprobado por el Ejecutivo balear.
«AFÁN PERSECUTORIO DE LA IZQUIERDA»
Durante la rueda de prensa, Riera ha calificado de «incoherente e irresponsable» la modificación de la Ley de Función Pública para convertir el catalán en requisito y ha preguntado «si también lo exigirán a todos los cargos directivos o de libre designación que ha nombrado este Govern en estos primeros meses».
Asimismo, la diputada del PP ha criticado el «afán persecutorio de la izquierda contra los trabajadores públicos y la obsesión por la inmersión lingüística en todos los ámbitos».
Tras anunciar que el GPP votará en contra de la modificación de la Ley de Función Pública, Riera ha recordado que la actual normativa, elaborada por el PP la pasada legislatura y que fue validada por el Tribunal Constitucional, «garantiza el acceso en igualdad de condiciones a la función pública y, después, cada nivel de trabajo tiene sus propios requisitos de catalán».
La diputada popular ha apostado por una convivencia igualitaria entre las dos lenguas oficiales, «sin imposición de ninguna de ellas» y ha criticado el rodillo derogatorio del Govern.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE NORMALIZACIÓN
El pleno extraordinario de este martes debatirá también la proposición de ley presentada por El PI de modificación de la Ley de Normalización Lingüística de 1986.
«A nosotros nos parece bien que se vuelva al consenso de 1986, pero la realidad es que este Govern no quiere ningún consenso porque hemos presentado tres enmiendas que consideramos absolutamente equilibradas y no se han aceptado», ha explicado la portavoz popular.
En concreto, ha señalado que las tres enmiendas presentadas por el GPP hacen referencia a la «no discriminación por razones lingüísticas», tal y como recoge la Constitución; a promover la protección, el estudio y el uso de las modalidades insulares del catalán de cada una de las islas, como defiende el Estatuto de autonomía; y, en tercer lugar, a posibilitar que sean los ayuntamientos, con una mayoría de 2/3 de sus regidores, los que decidan si el topónimo del municipio también puede tener la forma castellana como denominación oficial.