El Govern confía en empezar a cobrar en junio el impuesto sobre estancias turísticas porque no cree que los recursos judiciales anunciados por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) vayan a obstaculizar la aplicación de un gravamen con el que recaudará unos 80 millones de euros al año.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha confiado en que la tramitación parlamentaria de la ley que regula la ecotasa, cuyo proyecto aprobará este viernes el Consell de Govern, concluya a finales de marzo, y que en los dos meses siguientes se apruebe el reglamento que permitirá su aplicación.
Cladera, que ha presidido junto al conseller de Turismo, Biel Barceló, una reunión con representantes de las entidades que presentaron alegaciones al anteproyecto, ha destacado que los principales cambios son la ampliación de 14 a 16 años de la exención del pago para los turistas menores, la consideración del periodo mayo-octubre como temporada alta (antes era desde abril) y la rebaja al 50 % de la tasa a partir del noveno día de estancia.
Tras el encuentro, la presidenta de la FEHM, Inmaculada Benito, ha reiterado su oposición frontal al impuesto, ha advertido de que reducirá las inversiones de las empresas en el sector y ha anunciado que los servicios jurídicos de la patronal analizarán cualquier vía posible para recurrir la ley ante los tribunales.
«Agotaremos todas las vías jurídicas que tengamos», ha señalado Benito, que ha evitado anunciar las actuaciones concretas que pueda plantear la patronal hasta conocer el texto concreto de la ley y el reglamento, aunque ha aludido a «recursos de inconstitucionalidad» e «impugnaciones», siempre que sean «viables».
La dirigente patronal ha incidido en que la nueva tasa «es un impuesto injusto y una mala solución en un buen momento» para el negocio turístico en Balear debido a los problemas de seguridad en otros destinos del Mediterráneo.
Ha lamentado que el gravamen se vaya a aprobar «sin claridad en la aplicación de sus fondos», ha reprochado que sea «tremendamente discriminatorio» por la falta de control sobre parte de la oferta de alojamiento y lo ha considerado un freno para «una industria que ya está aportando 2.500 millones» de euros a las arcas públicas.
Benito ha explicado que su organización planteaba que el impuesto tuviese como límite de aplicación el 31 de diciembre de 2018, una vez mejorada la financiación estatal del archipiélago. El Govern ha rechazado esta alegación y también la pretensión de que no entre en vigor hasta 2017.
La consellera Cladera ha subrayado que el Govern «escucha y seguirá escuchando» los planteamientos del sector turístico, que también puede intervenir en el periodo de tramitación parlamentaria a través de los grupos políticos.
«Es una medida importante porque permite redistribuir la riqueza que se genera en el sector turístico» para invertir en el propio turismo, «en medio ambiente, en territorio y que revierta en toda la sociedad balear», ha explicado.
Cladera ha considerado que las «diferencias de criterio» con la patronal hotelera y los posibles recursos judiciales no cierran las vías de diálogo.
Ha apuntado además que la reforma de la Ley de Turismo clarificará la recaudación del impuesto sobre pernoctaciones en las viviendas vacacionales porque facilitará la regulación de este segmento de los alojamientos turísticos.