El exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción en el que reclama la citación, en calidad de testigos, de los 14 agentes que en 2012 aprobaron las oposiciones a oficial llevadas a cabo en el cuerpo y que se encuentran bajo investigación a raíz de la supuesta manipulación de las pruebas.
En su escrito, Vera, imputado en estas pesquisas, afirma que con la declaración de los oficiales quiere acreditar que éstos se reunieron con él una vez finalizadas las oposiciones, y no antes, de tal modo que no habría intentado favorecer a ninguno de los candidatos con la previa filtración de las preguntas.
El encausado, que en septiembre de 2013 presentó su dimisión como intendente tras estallar las investigaciones, ha presentado asimismo diversa documentación en la que figuran «múltiples instrucciones» que, alega su defensa, acreditan cómo se designaban los destinos del personal y los cambios de destino por parte de la Jefatura entre los años 2009 y 2011, tras así solicitarlo los propios agentes y no por orden suya.
Asimismo, subraya su abogado, amparándose en los documentos entregados, que los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y del Grupo de Acción Preventiva (GAP) «tenían preferencia a la hora de promocionar» en la unidad, al tiempo que destaca que Vera «siempre promocionó a puestos y destinos muy importantes» a uno de los denunciantes de la supuesta trama.
El exalto cargo declaró recientemente, a petición propia, y aseguró además no haber recibido «ninguna» orden de partidos políticos o de altos cargos de cara dirigida a favorecer la colocación de determinados agentes en puestos estratégicos del cuerpo.
En concreto, Vera dimitió un mes después de que la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, procediese a registrar las dependencias de la Policía Local.
En su primera declaración en dependencias judiciales, Vera negó en haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas investigadas a fin de beneficiar a los candidatos y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.
El encausado señaló en su última declaración que no se hizo «nada extraño» en relación con este asunto y, de hecho, ha recordado que su intención era acabar con la forma en que hasta entonces se adjudicaban las plazas, y que se llevaba a cabo a criterio de la Jefatura. «Quería que los agentes pudieran tener seguridad jurídica» y que hubiera «más transparencia», ha incidido en este sentido.
Justificación
Finalmente, preguntado por diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas y un acuerdo previo con los beneficiarios, Vera justificó que los emails se referían al acuerdo sindical que se alcanzó previamente para ver cómo se adjudicaban los puestos, con el objetivo de «respetar la legalidad y optimizar los recursos de la Administración».
El juez instructor imputó el pasado mes de octubre a los funcionarios Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, cuyos nombres figuran en los correos. En uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: «'Estamos muertos! 'De aquí a los juzgados!».
Según Vera, la expresión vertida por esta empleada se refería «a la avalancha de contenciosos que podían venir encima». «Es una expresión que se la he oído decir en muchas ocasiones», remachó.
En ese mismo correo, Celia Martínez alude al «compromiso que hizo Juan García ñentonces responsable del área de Recursos Humanosí con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente», quien a su vez «se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza» y que «ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente».
En el marco de esta causa también se encuentran encausados Guillermo Navarro y el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.
Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.