El exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, quien este lunes ha declarado en calidad de imputado en el marco del caso Picnic, ha admitido ante el juez que, de cara a las elecciones municipales de 2007, dio instrucciones para «conseguir amigos y posibles votantes» con el objetivo de lograr la alcaldía de Palma como candidato de Unió Mallorquina (UM).
Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia, llevada a cabo cuatro años después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase su imputación, y en la que, no obstante, se ha desvinculado de un presunto desvío de 1,2 millones de euros del Ajuntament dirigidos a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de UM, hechos que, desde que estallase en 2011, se investigan en el marco de causa.
El exdirigente 'uemita' ha sido trasladado a los Juzgados de Vía Alemania desde la cárcel de Palma, donde cumple condena por otras causas de corrupción desde agosto de 2013.
En su declaración, Nadal ha asegurado que a partir de 2007 no tenía responsabilidades de gestión ni ningún tipo de poder en el Consistorio palmesano, por lo que ha negado haber participado en estas irregularidades. No obstante, respecto a otras conductas ilícitas, ha apuntado que ya las explicó en su día en el marco de otros procedimientos judiciales.
En concreto, el caso Picnic se centra en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de trabajadores medioambientales que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes e instar el voto para el partido.
Al respecto, el exalto cargo ha recordado que tras los comicios de 2007 se erigió como concejal y portavoz de UM en el Consistorio, si bien sin «ninguna responsabilidad» puesto que era la número dos del partido en Palma, Cristina Cerdó, quien estaba al frente de la Concejalía de Medio Ambiente, área de la que dependían las contrataciones investigadas en este caso.
El encausado ha apuntado que los puestos de trabajo de los agentes medioambientales, denominados Imas, no existían antes de 2007 y que, pese a que no siguió «su día a día», recuerda que fueron creados después de ese año. En este sentido, se ha mostrado convencido de que si Cerdó y la exgerente del Imfof Paula Cortés -también imputadas- crearon los Imas «fue para hacer alguna cosa», aunque ha aseverado no constarle que «hubieran hecho nada mal».
En esta misma línea, ha señalado que es posible que algunas de estos trabajadores hubieran sido anteriormente 'biblias', labor dirigida a realizar encuestas a domicilio para conocer la simpatía de los ciudadanos con UM y su intención de voto. Sobre ello, ha precisado que «no tenía sentido seguir haciendo de 'biblias' porque no estaban previstas otras elecciones».
Nadal ha reconocido que fue uno de los creadores de estas 'biblias', si bien tras las elecciones de 2007 «nada» supo del trabajo llevado a cabo por los Imas. «Su actuación era un día a día que no seguía», ha insistido.
Desvincula a Mateu Cañellas de los hechos
Finalmente, preguntado por el papel del exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas, el exdirigente de UM ha manifestado que «no tenía poder» y, por tanto, «no podía decidir en el Ajuntament de Palma».
Cabe recordar que fue en 2011 cuando la Fiscalía solicitó la declaración como encausado de Nadal. Entonces, la causa estaba en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, quien hace varios meses se abstuvo del caso por amistad con el propio Nadal. Rotger decretó en 2011 una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros contra UM a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco del caso Picnic fue registrada la sede de UM en febrero de 2011 en lo que constituyó el primer registro del local de un partido político en la historia democrática de Balears. También fue ordenado el allanamiento del Imfof y de las oficinas de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Asimismo, durante esos días, el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido «se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil».