El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha informado que el Consell de Govern de este viernes se ha dado por enterado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Govern para reclamar al Estado el cumplimiento del compromiso con las inversiones estatutarias en Playa de Palma.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente ha detallado que reclaman un total de 78 millones de euros, 63 millones que todavía estaban pendientes, más los 15 millones que el Gobierno central se ha comprometido a abonar a la comunidad pero todavía «no han llegado».
«No dejaremos de reclamar las inversiones pese al acuerdo», ha dicho Barceló sobre estos 15 millones que también se incluyen en el recurso. Además, ha señalado que se informará sobre el contencioso en la reunión de este viernes del Consorcio de la Playa de Palma, que se hará por videoconferencia entre Palma y Madrid, y en la que también está presente el Estado.
«Hay recordar a los representantes del Ministerio que hay 63 millones de euros pendientes», ha incidido el vicepresidente que también ha pedido al Gobierno que cumpla sus compromisos con las Islas porque «el Govern no renuncia a las inversiones pactadas y se seguirán reclamando pese a los protocolos firmados».
Así, el Govern, con fecha de 4 de octubre, ha formulado este requerimiento formal a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, para que en el plazo de un mes revoque y deje sin efecto la resolución del Ejecutivo central del pasado 1 de octubre con la que se decidió no aceptar la prórroga solicitada del plazo de ejecución del convenio de colaboración suscrito el 13 de agosto de 2009 entre Turespaña y la comunidad para financiar la remodelación integral de la Playa de Palma con las inversiones estatutarias.
El requerimiento, firmado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, insta al Gobierno central a cumplir todas las obligaciones que impone el convenio de colaboración y convocar urgentemente una reunión de la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio, para valorar la viabilidad de las reprogramaciones propuestas por la comunidad, así como la conveniencia de modificar el convenio, manteniendo los importes comprometidos pero variando, si es necesario, los proyectos y plazos previstos.
El objetivo del requerimiento es dar cumplimiento al convenio y al Estatut d'Autonomia, que establece la obligación del Estado de ejecutar inversiones en Baleares para compensar la insularidad y de manera transitoria mientras no se aprueba un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).