El cabeza de lista de Podemos por Balears al Congreso de los Diputados, Juan Pedro Yllanes, propone incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, con el objetivo de penalizar de forma específica el incremento patrimonial no justificado de quienes han ostentado cargos públicos -independientemente de que éstos hayan incurrido también en malversaciones u otras conductas contra la Administración-.
Yllanes asevera que sería «interesante» la aplicación de este precepto puesto que «provocaría que algunos se pensaran en el futuro hacer lo que han venido haciendo en el pasado», como en el caso de Balears, donde «no hace falta dar nombres» de quienes presuntamente se han enriquecido de forma ilegal con fondos provenientes de las arcas públicas.
De hecho, causas como el caso Palma Arena centran parte de sus pesquisas en averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevaron destacados exaltos cargos, como el expresidente del Govern Jaume Matas mientras era máximo mandatario autonómico y que, según las investigaciones, no se correspondía con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo balear.
Yllanes considera que el CP «ya reprocha muchas conductas» en este sentido, si bien en algunos casos de forma «demasiado suave y endeble», además de «cumplir mal con los fines de prevención especial». El candidato de la formación morada aboga del mismo modo por aumentar los plazos de prescripción para aquellos delitos que relacionados con la corrupción.
«Hay que conseguir que no se repita todo lo que se ha producido en las islas; tenemos casos aún en marcha, entre ellos el que puede convertirse en el gran escándalo de corrupción, el caso Son Espases, muy superior incluso que el Palma Arena», asevera Yllanes, quien al respecto considera necesaria la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con el objetivo de acabar con la limitación de plazos para instruir las causas, establecido en un máximo de 18 meses, periodo durante el que «es imposible investigar un asunto».
Se trata de una reforma que asevera, para Balears tendría «mucha importancia» y que, al poner fin a estos límites de tiempo, permitirá «acabar con algo que favorece seriamente la impunidad de la corrupción». «Y si en lugar de reprender duramente la corrupción se facilita la impunidad, mal vamos», incide Yllanes lamentando la forma en que «quienes han estado gobernando han utilizado el rodillo que les confería su mayoría absoluta».
Por otro lado, sobre la posibilidad de volver a ocupar su plaza como magistrado de la Audiencia Provincial de Balears y si, tras su incursión en política, estaría garantizada su objetividad, el candidato asegura que, «en primer lugar, seré lo suficientemente responsable para saber cuándo mi imparcialidad puede verse afectada».
En este sentido, subraya además que usará los mecanismos de abstención y recusación que prevén la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Lecrim. «No haré un uso desviado de los mismos como hicieron jueces como Enrique López o Concepción Espejel, muy queridos por el PP», remarca.
De hecho, recuerda cómo en un debate con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, éste, «aprovechando un corte de publicidad, me atacó frontalmente y me dijo si iba a tener la desvergüenza de volver a dictar sentencias, que mi independencia quedaba en entredicho», a lo que entre otras cuestiones Yllanes le preguntó «si es que los que vamos en listas distintas a las suyas somos sospechosos, y los suyos son garantes absolutos de la imparcialidad».
Cargos políticos del «premiados» con plazas en el TSJIB
«Seré imparcial y sabré utilizar los mecanismos pertinentes cuando esa imparcialidad pueda verse objetiva y subjetivamente amenazada», insiste el exmagistrado, quien recuerda cómo en Balears la que fuera abogada de la Comunidad Autónoma con el PP Felisa Vidal «fue premiada» con una plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a cuyas manos «pueden llegar decisiones que afecten» a los 'populares'.
«Puede que incluso lleguen a manos del magistrado Antonio Monserrat», ha añadido en esta misma línea, apostillando sin embargo que, «si son gente responsable que ama la imparcialidad judicial, no tendrán más remedio que abstenerse por aquello de que fueron designados por el dedo benefactor de aquellos que los amparaban políticamente».