La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha indicado este miércoles que los responsables del Teatre Principal, tanto del PP como del PSOE, han alargado de forma innecesaria la readmisión de sus trabajadores despedidos de manera improcedente, provocando «un despilfarro de dinero público de 108.908 euros».
Según ha explicado el sindicato, con la Unificación de Doctrina que realizó el Tribunal Supremo en 2014 sobre este tipo de despidos, «estaba claro que los despidos eran, como mínimo, improcedentes y así fue reconocido por la propia defensa letrada del Teatre Principal».
Además, ha explicado que se debería de haber readmitido a estos delegados en sus puestos, y más cuando además eran representantes de la plantilla del Teatre Principal, para así devolver los derechos a estos trabajadores y ahorrar el coste en salarios de tramitación que suponía alargar su reincorporación.
El sindicato ha denunciado que los nuevos gestores dieron instrucciones a sus servicios jurídicos de defender en el juicio que la amortización de plazas en que se basaron los despidos fue correcta y, por tanto, avalaban con ello la política de despidos realizada por el PP en la anterior legislatura.
Además, UGT ha señalado que la defensa letrada del Teatre Principal, que se sufraga con fondos públicos, llegó a pedir que se multase a los trabajadores «por temeridad al citar a juicio a la máxima responsable de los recursos humanos del Teatre Principal cuando fueron despedidos».
Es por ello que el sindicato ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que estudien la viabilidad de interponer una demanda por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito, entre ellos, los de malversación de caudales públicos y contra los derechos de los trabajadores.