La magistrada Samantha Romero presidirá el tribunal que está previsto que juzgue el caso Nóos a partir del 11 de enero y además seguirá siendo la ponente encargada de redactar la sentencia en el proceso en el que están acusados la infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas.
La presidenta de la sección primera de la Audiencia de Palma, Francisca Ramis, ha adoptado hoy un acuerdo por el que determina la composición de la sala y ha designado a Romero para presidir el tribunal y cubrir la vacante dejada por el juez Juan Pedro Yllanes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
A Yllanes le había correspondido inicialmente dicha presidencia pero solicitó la excedencia de la carrera judicial para concurrir a las próximas elecciones generales como primer candidato de Podemos al Congreso por Baleares.
El tribunal que juzgará el caso Nóos lo formarán tres magistradas: Samantha Romero Adán, Eleonor Moyà Rosselló y Rocío Martín Hernández. Ésta última se incorpora tras la renuncia de Yllanes.
Presidirá el tribunal Romero por ser la más antigua en la carrera judicial de las tres.
Samantha Romero Adán (Palma, 1972) tomó posesión como magistrada de la Audiencia Provincial de Baleares, en la sección primera, el pasado 30 de abril.
Procedía de la Audiencia de Tarragona, donde formó parte del tribunal penal de la sección segunda durante casi nueve años. Ingresó en la Audiencia de Tarragona en 2006, procedente de Vilanova i la Geltrú, donde tuvo su primer destino como juez en 2002.
Romero cursó Derecho en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y aprobó en 2000 las oposiciones a la judicatura y a fiscal, carrera en la que está en situación de excedencia.
La nueva miembro del tribunal, Rocío Martín, ha sido designada según las normas de reparto de asuntos y de sustitución interna entre magistrados de la sección primera.
La decisión se ha adoptado ante el inminente traslado a otro órgano judicial de la presidenta de la sección, Francisca Ramis, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 y 209.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas de reparto de asuntos y de sustitución interna entre magistrados que rigen la sección primera.
Además se ha tenido en cuenta que el concurso interno entre magistrados de las secciones penales de la Audiencia, preceptivo cuando hay una vacante por excedencia, ha quedado desierto, y ninguno de los magistrados de la sección segunda ha solicitado la plaza de la primera.
En el juicio del caso Nóos están acusadas 18 personas para quienes las acusaciones piden entre 2 y 26 años de cárcel. Además de la infanta y Urdangarin, se sentarán en el banquillo su exsocio Diego Torres, su esposa, Ana María Tejeiro, los hermanos de esta Marco Antonio y Miguel Tejeiro, y el expresidente balear Jaume Matas.
El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.
Se juzgarán los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
Está previsto que el 11 de enero las partes expongan las cuestiones previas en una sesión con presencia de todos los acusados, incluida la infanta, y en los días posteriores a ese trámite el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma decidirá si juzga a la hermana del rey o la exime en aplicación de la llamada «doctrina Botín».
Los jueces resolverán si se aplica a la infanta la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 referida al banquero Emilio Botín, que establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular.
Los acusados comparecerán entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis «Pepote» Ballester, y los 363 testigos lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo