El regidor de Urbanismo del Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha informado este martes de que el equipo de gobierno ha pedido al Real Club Mallorca «unidad de acción» junto al resto de propietarios de los terrenos del Lluís Sitjar para definir su futuro y el del estadio de Son Moix.
Noguera ha indicado en rueda de prensa, tras la junta de Gerencia de Urbanismo, que este martes se ha celebrado la reunión de una comisión no permanente entre el equipo de gobierno de Cort y los grupos de la oposición para compartir los avances que se han hecho en relación al Lluís Sitjar.
Ha señalado que se está a la espera de una respuesta por parte del Mallorca, al que se ha pedido que «dibuje» la parcela del estadio, ya que ahora mismo Son Moix es una solar, por lo que se prevé que de aquí a un mes, tras esta definición, se puede conocer exactamente lo que cuesta Lluís Sitjar y Son Moix.
Noguera ha señalado que el Mallorca tiene un contrato de uso de 40 años con 25 de prórroga, por lo que cuando el ayuntamiento vuelve a gestionarlo la vida útil del estadio ya habrá acabado.
El gerente de Urbanismo, Joan Riera, ha señalado que el 40 % del Lluís Sitjar se puede dedicar a uso comercial, pero todo ello se estudiarán una vez que se acuerde con el Mallorca su futuro.
El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo de Vivienda Digna ha insistido en que el equipo de gobierno quiere que la situación del Lluís Sitjar sea «un tema de consenso» por lo que espera poder fijar junto a los grupos municipales de oposición «una hoja de ruta» en este sentido.
El concejal ha precisado también que su regiduría avanza en la planificación del modelo de ciudad, ahora en «fase de prospección», que se prevé acabar con las visitas a los barrios de Palma en diciembre, para iniciar el próximo año la etapa de participación ciudadana con la consiguiente proyección de la urbe que quieren los habitantes de Ciutat.
Entre los temas abordados están el edificio de Gesa, el canódromo, el velódromo, s'Aigo dolça y el barrio de Camp Redó.
Además, Noguera ha apuntado la necesidad de reclamar al Govern lo que se adeuda a Palma por la ley de capitalidad, «un derecho» de la ciudad.