El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha requerido a Iñaki Urdangarin que presente una tasación de los dos pisos que ha solicitado poder vender y que son propiedad de Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con la infanta Cristina.
En una providencia dictada ese viernes, Castro ha accedido a la solicitud planteada por la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en el caso Nóos, de que la defensa de Urdangarin presente una tasación emitida por una entidad de reconocida solvencia de los dos pisos, trasteros y plazas de aparcamiento de la calle Pedrera de Palma, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Urdangarin pidió el pasado 22 de octubre autorización para vender por 250.000 euros dos viviendas, con sendas plazas de garaje y trasteros, embargadas por el juzgado para cubrir parte de la fianza de 13,6 millones de euros que pesa sobre él por los indicios de corrupción que juzgará la Audiencia de Palma el año próximo.
La defensa del marido de la infanta Cristina, que ejerce el letrado Mario Pascual Vives, planteaba que de los 250.000 euros que cobraría su cliente por los pisos, situados cerca del Paseo Marítimo de Palma, habría que detraer 14.500 euros para el intermediario y 200.550 para saldar hipotecas.
A ello se añadiría el pago del impuesto municipal sobre la plusvalía, por un total de 6.048 euros, y el abono de las últimas cuotas mensuales de las hipotecas, próximas ambas a los 1.000 euros, con lo que la cifra total neta y final de la operación de compraventa sería de 26.963,35 euros para aportar al Juzgado, dado el embargo que pesa sobre todas las propiedades.
La Abogacía del Estado pidió que se tasen las propiedades y el sindicato Manos Limpias se opuso a que se autorice su venta porque «no consta acreditado, ni que la oferta aportada sea la mejor que quepa en relación a la venta de los inmuebles, así como tampoco la titularidad real de los posibles adquirientes de los mismos».
Urdangarin está acusado de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales por utilizar presuntamente el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.
La Fiscalía pide para él una condena de 19 años y medio de reclusión y Manos Limpias solicita 26 años y medio.
Está previsto que el juicio, en el que también se sentará inicialmente en el banquillo la hermana del Rey, comience el 11 de enero del año próximo con las cuestiones previas
Por otra parte, el juez Castro también ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás acusaciones de un escrito presentado por la representación procesal del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y de su mujer, Ana María Tejeiro, solicitando el desbloqueo de fondos para sufragar los gastos del juicio que comienza el 11 de enero.
Castro da tres días a la partes del caso Nóos para que aleguen lo que consideren oportuno sobre esa petición.