El director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, aseguró este viernes que la Conselleria d'Educació «no descarta ampliar el fondo de emergencia social a la concertada». De hecho, Ribas explicó que «no hemos encontrado hasta el momento la fórmula jurídica para poder cubrir estas necesidades en los centros concertados, pero nuestros juristas siguen trabajando en ello».
Los 580.000 euros para cubrir necesidades de los alumnos en una situación más precaria se transferirán a colegios e institutos públicos a mediados de octubre. Como detalló Ribas, «las comisiones de los consejos escolares de los centros serán las que decidirán los destinatarios de las dotaciones».
Sobre la cantidad que se transferirá a cada escuela, Ribas concretó que «dependerá del número de alumnos y de la tipología de éstos, hay diferentes variables que determinarán las ayudas».
Por su parte, el presidente de la principal patronal de los centros concertados, Bernat Alemany de Escola Catòlica, aseguró que «nos sentimos excluidos, como ya pasa con las becas de transporte y comedor que tampoco reciben nuestros alumnos que más lo necesitan». Alemany criticó que «objetivamente estamos excluidos y hay familias a las que tenemos que ayudar. La leyenda de que todos los que van a la concertada tienen dinero no es así».