La Audiencia de Palma juzgará la semana que viene a seis acusados de delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 2 a 16 años de prisión y multas desde 826.290 hasta 20,3 millones de euros, en la pieza separada «C» del llamado caso Relámpago.
Anticorrupción acusa a un hombre que ya había sido condenado por fraude en el Reino Unido de haber ocultado su riqueza y propiedades en España para evitar su correcta tributación y a dos abogados que le ayudaron a obtener, adquirir y disfrutar bienes de forma opaca entre 2003 y 2006, según recoge su escrito de acusación.
Se omitió el pago de tres cuotas tributarias con un fraude de 3.344.178 euros en los impuestos de la renta de 2003, 2004 y 2006.
El fiscal recalca en su escrito de acusación que, según la normativa española, el principal encausado debe ser considerado residente fiscal en España, donde radió el núcleo principal de sus intereses y actividades económicas, donde tenía su residencia física y porque además no realizó actividad en el Reino Unido entre 2003 y 2006.
Según la Fiscalía, mediante sociedades en paraísos fiscales, cuentas corrientes puente, pagos en efectivo y un «esquema de pantallas» con sociedades interpuestas, los tres lograron que la Agencia Tributaria fuera incapaz de exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
También ocultaron a las autoridades españolas el origen delictivo de los fondos que manejaban.
En concreto, el principal acusado utilizaba tres sociedades instrumentales, dos de ellas en paraísos fiscales, para tener inmuebles en España, asesorado por los dos letrados también acusados.
En una de las operaciones, los dos abogados crearon una sociedad con sede en su bufete junto a una empleada del mismo que también está acusada, y que controlaban dos sociedades panameñas de las que los letrados eran socios.
El mismo día de creación de la sociedad, con un capital de 6.000 euros, ésta adquirió una propiedad en Calvià por 1,85 millones de euros que aportaron los socios de las sociedades radicadas en Panamá. Sin embargo la cantidad pagada realmente fueron 3,3 millones, de manera que se omitió el pago de una cuota tributaria de 1,4 millones.
También está acusado el notario que otorgó la escritura de constitución de dicha sociedad porque Anticorrupción considera que debería haber informado de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales procedentes de delito porque «resultaba evidente» que crear la sociedad con sede en el bufete era un mecanismo para ocultar a las personas que estaban realmente tras la operación.
En cuanto a la empleada del bufete que fue nombrada administradora, Anticorrupción cree tenía pleno conocimiento de lo que es un paraíso fiscal y de que al figurar como administradora y apoderada estaba aceptando actuar como testaferro o pantalla.
La sexta persona acusada es la propietaria de la finca adquirida, que no declaró el beneficio obtenido con la operación, por lo que defraudó 275.430 euros.
En otra operación cuestionada por Anticorrupción, el principal acusado utilizó una sociedad que compró a uno de los abogados (y que a su vez era propiedad de dos sociedades de Costa Rica, dos de Jersey y otra de Holanda) para introducir al menos 1,4 millones de euros por los que no tributó. Posteriormente vendió dicha sociedad.
En 2003 compró otra que era propietaria de un inmueble en Andratx por 460.000 euros, y la vendió dos años después por 990.000.
En total, Anticorrupción achaca al principal acusado haber aflorado fondos en España en 2003 por 3,7 millones, por los que debería haber tributado 1,6 millones, en 2004 hasta 3,3 millones a los que correspondería una tributación de 1,4; y en 2006 por 1,2, con una tributación omitida de 187.839 euros.
Para el principal acusado, la Fiscalía pide 12 años de prisión y multa de 13,37 millones por tres delitos contra Hacienda; para uno de los abogados 16 años de cárcel y multa de 20,37 millones por blanqueo continuado y cooperar en tres delitos contra Hacienda; y para el segundo abogado 3 años y multa de 2,8 millones por blanqueo continuado de capitales.
Para la empleada del bufete, Anticorrupción solicita una condena de 10 meses de prisión por blanqueo y multa de 1,8 millones; para el notario reclama 16 meses de cárcel también por blanqueo y multa de 2 millones; y para la mujer que se benefició con la venta de una de las propiedades 2 años de prisión y multa de 826.290 euros por delito contra Hacienda.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita el comiso de los inmuebles adquiridos y unos 7,33 millones, que estima como valor de lo blanqueado y defraudado a Hacienda.
La sección segunda de la Audiencia de Palma juzgará este caso a partir del lunes.