El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará desde este lunes y hasta el día 29 a un total de 22 testigos en torno a la adjudicación presuntamente irregular de la construcción del hospital de Son Espases, entre quienes se encuentran el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, y la exjefa de Gabinete de Jaume Matas, María Umbert.
Después de que a lo largo de esta semana prestasen declaración como imputados el propio expresidente del Govern así como el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el extesorero del PP balear Fernando Areal, entre otros, Castro quiere seguir profundizando sobre las supuestas irregularidades que se produjeron y si se pagaron comisiones por la concesión de las obras.
En concreto, este lunes están citados el asesor jurídico del Servicio Balear de Salud (Ib-Salut) Javier Vázquez, la secretaria de la mesa de contratación Pilar Ramos y el empresario Antonio Nicolau, mientras que el martes será el turno de Carlos García, Joaquín Marcelo Fenollosa, Francisco José Moranta, Santiago Pérez y Juan Antonio Esteban.
El 23 serán interrogados el empresario Gabriel Sampol, el profesor de la UIB y presidente de la Asociación Balear de Periodistas de Turismo, Esteban Bardolet, el periodista Eduardo Inda y el propio Rodrigo de Santos; el 24, María Umbert, el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de las islas, Francisco Ferrer, la exadministrativa del Ib-Salut Margalida Ensenyat, y el exdirector asistencial del Servicio de Salud Luis Alegre.
Ya el 25, comparecerán la exdirectora general de Cooperación e Inmigración y exsecretaria general de la Conselleria de Salud Antonia Estarellas, el exdirector general de Presupuestos Bernando Salvá, el exarquitecto jefe del Ayuntamiento de Palma Juan Seguí, y el exdirector general de Planificación y Financiación de la Conselleria de Salud José Corcoll, y finalmente, el 29, el abogado Alfredo Rubén Fernández y el exasesor jurídico de Matas, José María Fiol.
Los nombres de los imputados que hasta el momento han prestado declaración figuran en la querella que el pasado mes de julio interpuso la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública a raíz del supuesto amaño de la adjudicación de la principal obra pública impulsada durante el último mandato de Matas.
Entre ellos se encuentra la exconseller de Salud Aina Castillo, 'arrepentida' en esta causa, quien relató cómo Matas le había dado indicaciones para que la oferta ganadora recayera en manos de OHL, a pesar de que finalmente fue la UTE formada por Dragados -perteneciente a ACS-, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. la que se hizo con el contrato de las obras.
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien también se ha prestado a colaborar con las investigaciones, recordó en su comparecencia que Matas pidió una «cantidad importante» de dinero al empresario y presidente de ACS, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicada la construcción del hospital.
De hecho, en otra declaración, De Santos precisó que el PP balear, bajo el mandato de Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública. Según precisó, la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción de Son Espases.
Pese a que los trabajos fueron adjudicados por 635 millones de euros, los investigadores se toparon con un elevado sobrecoste sobre el que han puesto la lupa, ya que el proyecto acabó finalmente costando unos 800 millones.
Adjudicación en la que «la perversión alcanza su máximo exponente»
En su querella, admitida por Castro el pasado mes de julio, el fiscal Pedro Horrach asevera cómo en el concurso para la construcción y explotación del hospital «la perversión alcanza su máximo exponente» y asegura tajante que tras la «realidad formal» de este expediente administrativo hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».
En su denuncia, el fiscal recalca asimismo cómo en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».
Y en cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a UTE liderada por OHL.