El titular del juzgado de instrucción 2 de Palma, Pedro Barceló, propone que se lleve a juicio a ocho personas, tres de ellas ex altos cargos del Consell de Mallorca, por desviar 200.000 euros públicos para hacer campaña en favor de Unió Mallorquina (UM) de cara a las elecciones autonómicas de 2007.
El juez ha dictado este miércoles un auto con el que cierra la fase de investigación y plantea que se juzgue al exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteras, la jefa de programas de su departamento, Coloma Munar, la secretaria general de la Vicepresidencia del Consell, Eugenia Cañellas, y otras cinco personas vinculadas a asociaciones de inmigrantes sudamericanos.
Barceló considera que en el transcurso de la instrucción se ha puesto en evidencia que los ocho imputados son presuntos responsables de delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la administración, falsedad por funcionario, falsedad mercantil y oficial y tráfico de influencias.
Como «el beneficiario final» de todos estos presuntos delitos era UM, puesto que la presunta trama tenía como finalidad captar el voto para ese partido, el juez establece que ha de ser considerado «responsable civil de los perjuicios causados», aunque la organización se disolvió en febrero de 2011 por acumulación de causas de corrupción.
En el auto en el que dicta la continuación del proceso por procedimiento abreviado, el instructor indica que Lliteres, Munar y Cañellas se concertaron para destinar dinero del Consell de Mallorca a «premiar a personas e instituciones que habían o venían realizando labores de proselitismo, captación de voto y difusión del programa del partido Unió Mallorquina o financiar la organización de eventos (en su mayoría de casas regionales o asociaciones de inmigrantes) con el fin de captar votos».
Actuaban de acuerdo con otras cuatro personas, dirigentes de entidades de inmigrantes hispanoamericanos, que se beneficiaban directamente de encargos de trabajos ficticios por los que recibían fondos públicos y que facturaban en falso para justificar cobros compensatorios por su labor o para financiar actos proselitistas en favor de UM que no tenían ninguna utilidad pública.
El octavo de los imputados es un empresario que estaba pendiente del cobro de un trabajo que había realizado y aceptó cobrar por otro concepto facturando en falso al Consell por un trabajo inexistente en un evento dirigido a inmigrantes.
Entre los expedientes fraudulentos llevados a cabo por iniciativa de los tres ex altos cargos imputados hay pagos para la organización de un concurso de Miss Balears Argentina, para excursiones y visitas a museos no realizadas, para fiestas de asociaciones de distintas nacionalidades y celebraciones del Día de la Madre, entre otras.
Dos de las inmigrantes imputadas incluso fueron contratadas por el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) en calidad de encuestadoras, pero realmente trabajaban en la propia sede del Consell de Mallorca organizando actividades de captación del voto para UM.
Otro de los colaboradores de UM imputados, Jorge Mandado, que fue presidente de la Federación Argentina de Mallorca, llegó a cobrarse parte de sus servicios a través de una tarjeta del supermercado mayorista Makro que le cedieron Lliteres y Munar.
En este procedimiento también estuvo imputado el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, que cumple condena por varios casos de corrupción, pero el juez ha levantado su imputación en esta pieza del caso Maquillaje.