El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado la petición formulada por la promotora mallorquina Cesgarden para cobrar del Consell de Menorca 11 millones de euros más por los cambios que introdujo el Plan Territorial Insular (PTI), aprobado en mayo del 2003 por PSOE, PSM y EM-EU, en los terrenos de su propiedad situados en Son Bou (Alaior).
Los magistrados Gabriel Fiol, presidente de la sala, Pablo Delfont y Carmen Frigola desestiman la ejecución forzosa de varios apartados de la sentencia dictada por este mismo órgano judicial en mayo del 2011, que condenó al Consell de Menorca a pagar 16,1 millones de euros, más intereses, por las modificaciones del PTI, que redujeron la edificabilidad inicialmente prevista.
En septiembre de 2013, el pleno el Consell de Menorca aprobó un acuerdo con la promotora Cesgarden para pagar 29 millones de euros durante diez años por aquella sentencia.
La promotora presentó en enero de este año incidente de ejecución de sentencia y reclamó otros 11 millones de euros en concepto del valor de los terrenos del suelo rústico al que se traslada el aprovechamiento urbanístico; el valor económico del aprovechamiento del nuevo sector urbanizable a ceder -obligatoria y gratuitamente- al Ayuntamiento de Alaior, y por los honorarios técnicos, tasas y gastos derivados de la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
La sala de lo contencioso del TSJIB recoge que la promotora Cesgarden admite que el desarrollo urbanístico proyectado resulta hoy, doce años después, jurídicamente imposible porque la preceptiva adaptación del planeamiento general al PTI ha sido anulada judicialmente mediante sentencia dictada en noviembre de 2014.
Los magistrados califican de «improcedente» la ejecución forzosa de estos 11 millones de euros que ahora reclama Cesgarden tras el acuerdo alcanzado en septiembre de 2013, que fue aceptado ante los tribunales por los representantes legales de la promotora.