Podemos ha pedido este miércoles a los otros partidos que firmaron el pacto de gobernabilidad, PSIB y Més, que se comprometan a no contratar a familiares para ocupar cargos de libre designación y a abrir procesos públicos para que puedan optar a esos puestos quienes cumplan los perfiles requeridos.
El socio parlamentario del Govern ha planteado la extensión a la administración autonómica y sus empresas públicas del mecanismo de nombramientos que ha aprobado para la propia organización su Consejo Ciudadano.
Aunque las polémicas por algunas designaciones de familiares, parejas o personas cercanas no se han abordado concretamente en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto celebrada hoy, Podemos ha hecho llegar su regulación a PSIB y Més para que estudien su aplicación «como principios generales» del Govern.
El miembro del Consejo Ciudadano Daniel Bachiller ha señalado tras el encuentro que el propósito de su partido es también que estos procedimientos y restricciones se contemplen en la reforma de la Ley de Función Pública.
Podemos ha establecido que cuando se tenga que realizar el nombramiento de un cargo de libre designación en un área bajo su responsabilidad se hará pública la vacante con un mínimo de 15 días de antelación y el correspondiente consejo ciudadano (o el grupo parlamentario en el caso de la cámara legislativa) designará un comité de selección que evaluará los currículums y propondrá a los candidatos con mejor perfil.
Cuando el nombramiento dependa de órganos unipersonales, como la presidencia del Parlament, diputados o senadores, igualmente se dará publicidad a la vacante y el político que realice la designación deberá razonarla ante el órgano correspondiente del partido.
En cualquier caso, el reglamento de Podemos impide que contrate para «ningún cargo, puesto o vacante» a familiares «hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o parejas» de miembros del partido que ocupen cargos orgánicos.
Además «las personas nombradas o contratadas por Podemos no podrán a su vez nombrar o contratar a parejas o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad», reza la regulación que el partido de los círculos quiere que se aplique a toda la administración autonómica.
Esta normativa hubiera impedido, por ejemplo, que la consellera de Salud, Patricia Gómez, designara director general del IB-Salut a su pareja, Juli Fuster.
Por otro lado, en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto celebrada este miércoles se ha abordado, según ha informado el PSIB, la necesidad de que el Gobierno central eleve el techo de déficit para 2016, fijado en el 0,3 % del PIB, ante la constatación de que será imposible de cumplir.