La concejala de Bienestar y Derechos Sociales del Ajuntament de Palma, Mercè Borrás, se ha comprometido este martes a «garantiza la cobertura de las necesidades básicas» a todas las personas afectadas por el desalojo de un edificio de Pere Garau que lo soliciten, y que actualmente son 31.
«Nadie quedará desatendido, ninguna persona ni familia. Es una prioridad desde el mismo día del desalojo, hace ya casi una semana», ha dicho Borrás acerca de los residentes en el edificio desalojado por peligro de derrumbamiento, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.
Los técnicos del Servicio de Acogida Municipal (SAM) están atendiendo a 31 personas que están alojadas en centros del SAM o bien en el convento de Sant Joan de Déu, con el que el consistorio mantiene un convenio. En un principio, las personas realojadas por el SAM fueron 32, de las que 9 eran niños.
«Estamos realizando una atención personalizada, analizamos caso por caso qué necesidades tienen y como les podemos ayudar», ha detallado Borràs.
La concejala ha destacado la importancia de la labor de coordinación entre las áreas de Bienestar Social, y Modelo de ciudad y Urbanismo «para tener toda la información de primera mano y poder informar de forma pertinente e inmediata a los afectados».
A finales de esta semana la empresa contratada por los propietarios del edificio procederá a los trabajos de apuntalamiento. Posteriormente, se llevará a cabo el trabajo de evaluación de las deficiencias para valorar cuánto tiempo será necesario para realizar las obras de reparación.