El Parlament ha validado este lunes en una sesión plenaria extraordinaria el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales para resolver las discrepancias con el Gobierno central que interpuso un recurso de inconstitucionalidad, con el voto positivo de los grupos de la Cámara autonómica, a excepción del PP, que se ha abstenido en la votación.
Una de las principales modificaciones de este decreto a la ley autonómica es la incorporación de una disposición adicional por la cual se suspende el otorgamiento de licencias a grandes superficies durante seis meses, una medida «nada caprichosa», según ha dicho el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, en su intervención en el Parlament.
Por su parte, el diputado del PP, José Vicente Marí, ha argumentado su abstención porque aunque el decreto «corrige apartados técnicos de la ley», se ha hecho con «prisas, prisas, prisas» y la suspensión de licencias «es vulnerable» porque hubiera sido «más idóneo y más difícilmente atacable» que la hubieran gestionado los consells insulares.
La portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha señalado, durante su turno de intervención, que «aunque hay cosas que no le gustan de la Ley de Comercio autonómica, protege al pequeño comercio» y «no se puede destruir un solo puesto de trabajo más» en la Comunidad.
«Las Islas Baleares no son un centro comercial, Podemos apoya a la plataforma de protección de Ses Fontanelles, la última zona húmeda de Palma», ha añadido Camargo.
En un sentido similar se ha expresado el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, que ha censurado que el PP «también tuvo prisas, prisas, prisas a la hora de suprimir Ses Fontanelles del Plan Hidrológico» para proyectar una gran superficie.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario PI, Josep Melià, ha defendido su voto a favor porque considera que «había que dar un golpe en la mesa para defender el pequeño y mediano comercio» ante la agresión de Madrid y porque su partido «apuesta por un modelo de proximidad».
Meliá y el portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlament, Xavier Pericay, han pedido la tramitación de este decreto como Proyecto de Ley. Además, Pericay ha pedido que «la búsqueda general del consenso» sea la tónica general de la legislatura y no la excepción.
En su turno de réplica, Marí también se ha adherido a la petición de la tramitación de esta nueva norma como Proyecto de Ley para «tener la posibilidad de proponer enmiendas».
El portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha censurado que esta nueva agresión del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, es «un nuevo episodio de una serie llamada 'España va bien' donde Baleares es saqueada económicamente, marginada y se le roba su dignidad».
Así, la portavoz suplente del Grupo Parlamentario Socialista, Bel Oliver, ha defendido que ante una situación «extraordinaria y urgente», como la habida tras el recurso de inconstitucionalidad, se necesitaba «una respuesta rápida» para preservar la «seguridad jurídica y huir del riesgo de romper el equilibrio territorial».
En su intervención en el turno de réplica, Oliver ha contestado a PI, C's y PP y les ha dicho que su formación no considera que este decreto ley tenga que tramitarse como Proyecto de Ley. En la votación, esta petición ha sido rechazada por 24 votos a favor y 28 en contra.
Este decreto validado hoy también cambia el sentido del silencio administrativo, de acuerdo con lo que establece la ley estatal básica y lleva a cabo una corrección de la definición de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), entre otras modificaciones de cariz técnico.