El Govern balear reclamará al Estado 1.300 millones de euros que calcula que le adeuda en concepto de inversiones estatutarias desde 2007, y no descarta recurrir a la Justicia en última instancia para que la comunidad autónoma pueda recuperar el dinero que le corresponde.
El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló; y el conseller de Presidencia, Marc Pons, han explicado este martes en rueda de prensa la situación de las inversiones estatutarias en las islas.
En concreto, el Ejecutivo balear reclama 500 millones de euros de de 22 convenios firmados entre 2007 y 2011 que nunca llegaron al archipiélago.
Además, Pons y Barceló han criticado que el Govern del PP no reclamó en los últimos cuatros las inversiones estatutarias que le corresponden a Balears ni aprobó un régimen especial el año pasado, como determinaba la ley.
En base a esta premisa, el Govern calcula que por este concepto entre 2011 y 2015, el archipiélago dejó de ingresar unos 800 millones de euros.
Barceló ha asegurado que lo primero es reclamar al Gobierno central «por la vía que toca» estos importes, y si esta iniciativa no tiene respuesta el Ejecutivo autonómico se planteará «todas las acciones incluida la judicial» para que las islas reciban los dineros que le corresponden.
No obstante, el Govern espera «receptividad» por parte del Estado, tanto en asuntos de financiación como de inversiones, ya que, según Barceló, las islas se encuentran en «una situación límite desde el punto de vista económico».
Los 22 convenios firmados entre 2007 y 2011 suman 859,5 millones de euros, de los cuales la comunidad ingresó 359,8 millones, se ejecutaron 293,5, y quedan por ejecutar 66,1; por lo tanto, hay otros 500 millones pendientes.
Barceló ha apuntado que esos 66 millones de euros serán reclamados por el Estado porque no han sido ejecutados y para no perderlos, el Govern pedirá prórrogas sobre los convenios que están por caducar.
Así, cada conselleria afectada deberá mantener reuniones bilaterales con el Ministerio correspondiente para intentar arreglar la situación y no perder los importes.
Algunos de estos acuerdos caducan en agosto, otros en diciembre y algunos más a finales de 2016, ha precisado Barceló, que ha criticado que el Estado «no solo no ha cumplido sino que ahora comenzará a reclamar una parte de estas cantidades».
El vicepresidente ha calificado esta situación de «injusta» para la comunidad, de la cual es responsable en parte del Estado que no ha pagado lo que le corresponde, pero también el Govern anterior que durante su legislatura no ejecutó ningún proyecto.
Muchos de los convenios afectados tienen relación con innovación, turismo y medioambiente, entre ellos uno en Platja de Palma y otros de la Enclusa, en Menorca.
«No tenemos ni régimen especial ni inversiones estatutarias y no es lo que dice el Estatuto (de Autonomía), debemos defender la ley y los intereses ciudadanos», ha defendido Barceló, quien no esta dispuesto a «perdonar ni un euro» de lo que le corresponde a Balers.
Para Pons, el Govern «tiene claro» que es necesaria esta reivindicación ante el Estado, para lo que hay que «trabajar de forma decidida y valiente para garantizar los recursos» que le toca a la ciudadanía balear, con el fin de incrementar la inversión pública.
Ha recordado que la comunidad está a la cola en inversión territorializada por parte del Estado, con «grandes diferencias» respecto a otras regiones.