El Govern de izquierdas está decidido a aprobar en menos de un año la normativa que hará posible la aplicación de la ecotasa, que tiene que entrar en vigor «cueste lo que cueste» el primero de enero del 2017, «como máximo». Al Ejecutivo le espera un bombón que fácilmente podría llegar a los cien millones de euros anuales gestionados por un organismo dependiente de la Conselleria de Turisme controlada por Biel Barceló (Més).
Pero tanta alegría «se topa con la dura realidad». Los hoteleros actuan esta vez con mucha más habilidad que hace catorce años, cuando plantaron cara frontalmente al Govern Antich. Ahora se muestran abiertos a la nueva tasa pero recordando que la han de pagar «todos» los turistas y no sólo los que se alojen en establecimientos hoteleros. Eso toca de lleno a la cada vez más extendida economía sumergida isleña, que ha crecido de forma importante a raíz de la crisis económica.
El alquiler por semanas a turistas de antiguas casitas de aperos reconvertidas en chalets prácticamente sin ningún control público es una práctica muy extendida, que viene a sumarse a la de apartamentos y pisos. Si la nutrida clientela de esta oferta a menudo alegal ha de pagar la ecotasa en el lugar donde se aloja, todo el festival quedará al descubierto. «Y muchas familias lo pasarán mal».
De esta manera,para cobrar la ecotasa, los partidos de izquierdas, con Més al frente, «colocarían la argolla» a muchos de sus simpatizantes y votantes, «lo cual podría poner a Barceló contra las cuerdas al ir contra los intereses de los pequeños que tienen en el alquiler turístico un medio de subsistencia».
Todo quedaría solucionado si la tasa se cobrase en los aeropuertos. «Pero, tal y como ocurrió el 2002, el PP no está dispuesto a ello. Si no hay cambio de Gobierno en Madrid, en principio parece imposible». No obstante, David Abril, portavoz de Més en el Parlament, considera que «es posible que la privatización de Aena tenga un aspecto muy positivo: con la intervención de la iniciativa privada será posible cobrar la tasa en los aeropuertos y así no perjudicar a nadie».
En todo caso, otras fuentes señalan que «es poco probable que las empresas que entren en Aena den pasos en contra del Gobierno central o incluso para perjudicar a los hoteleros. Es difícil de creer que sea así».
En consecuencia, todo indica que el amplio submundo de la economía sumergida, compuesto por famílias que alquilan a veces su propia casa, hará llegar sus quejas al Govern de izquierdas para que frene la función de Gran Hermano que supondrá la normativa de la ecotasa. En principio, el vicepresident Biel Barceló no parece dar muestras de querer buscarse problemas. Se ha rodeado de un equipo eminentemente técnico, es decir, con muy poca relación con el PSM, del cual es secretario general, y todo indica que busca llevarse lo mejor posible con el tejido empresarial hoteleros para ahorrarle problemas al Govern. Parece no estar preocupado por el hecho de que haya militantes pesemeros de la Part Forana, sobre todo de pueblos medianos y pequeños, moscas porque su líder no cuenta con ellos, ni como grupo ni como individuos, a la hora de ejercer tarea institucional autonómica.
¿Cómo puede encajar este puzzle político-social con la aplicación de la ecotasa? «Encaja poco y mal», afirman sectores empresariales. Los cien millones del nuevo tributo finalista no compensan un enfrentamiento de los líderes econacionalistas con parte de sus votantes. «La ecotasa es el Gran Ojo que todo lo ve y todo lo controla: piscinas en lugar de estanques; livings chic en lugar de gallineros; barbacoas de ladrillos donde estaba la pocilga; tumbonas y sombrillas en lugar de tomateras...Y todo más sumergido que el Nautilus a la hora de pagar impuestos».
Por eso los hoteleros pueden ganar la partida sin estridencias. La ecotasa nace con la contradicción en su seno de que la realidad no cuadra con la estructura social de apoyo de los que dicen defenderla.