En palabras del portavoz del grupo, Mauricio Rovira, «resulta evidente que la distribución de responsabilidades se ha decidido en función de la necesidad de satisfacer las expectativas de los tres partidos que firmaron el pacto de gobernabilidad. Sólo así se explica el excesivo incremento de cargos previsto en el organigrama, sin que, de momento, el Consell haya asumido nuevas competencias».
Así, apuntan que en comparación con la legislatura anterior, la propuesta contempla que el número de cargos ejecutivos pase de 29 a 39, con un coste económico anual de más de dos millones de euros, es decir, cerca de 600.000 euros anuales más que en el periodo 2011-2015, cuando quedó ligeramente por encima de los 1,4 millones. El incremento porcentual es del 40,57 por ciento.
Asimismo, afirman que si se contabiliza la totalidad de la legislatura, el coste de los cargos ejecutivos del Consell supera los 8 millones de euros, frente a los poco más de 5,5 que dedicó a este concepto el equipo de gobierno del PP. En este caso, «la variación porcentual es del 43,04 por ciento».
Con este aumento del gasto orientada a pagar los sueldos de los responsables políticos, las tres formaciones gobernantes financiarán un organigrama ampliado con un departamento más, y la incorporación de dos vicepresidencias en vez de una: la de Cultura, en manos, respectivamente, de los grupos Socialista y Podemos.
Dos vicepresidencias
Por otra parte, Rovira considera que la creación de dos vicepresidencias «responde plenamente al modelo de gobierno de pacto a tres bandas que se ha instaurado estos cuatro años en el Consell. Seguro, si hubieran sido sólo dos los partidos gobernantes , la segunda vicepresidencia no existiría», ha apuntado.
En su opinión, los mensajes de los socios que conforman el pacto de izquierdas «sobre priorizar la austeridad en el organigrama político para orientar más recursos a acción social y otras necesidades de los ciudadanos, han durado muy poco tiempo».
Al mismo tiempo, Rovira insta al equipo de gobierno «especificar de dónde saldrá esta ampliación de las partidas destinadas a pagar los cargos políticos, toda vez la institución no cuenta con la posibilidad de generar otros ingresos más allá de la ley de financiación de Consells Insulares, y, por tanto, se deberán restar otras partidas para orientar ese dinero a las nóminas de los cargos. Ahora falta que el gobierno insular concrete cuáles serán las partidas afectadas», ha destacado.