La exconsellera de Cooperación Local de Mallorca Catalina Julve ha defendido este jueves en el juicio del caso Cloaca la legalidad de su actuación respecto a la contratación de un empresario de su partido, UM, para vigilar la recogida de basuras y para suministrar 2.150 sillas que necesitaban los ayuntamientos.
Julve, para quien la Fiscalía pide 7 años de prisión por fraude prevaricación y malversación, ha sostenido que cuando se hizo cargo del departamento de Cooperación Local en 2006 por la muerte de su antecesor, Miquel Riera, autorizó la adquisición por concurso de un segundo lote de sillas con todos los informes favorables en el que el único concurrente fue una sociedad de Simón Galmés, también acusado, quien percibió por ello casi 30.000 euros.
Este empresario, amigo del conseller fallecido y correligionario de Julve en UM de Manacor, le informó de que, por designación de Riera, iba a ser adjudicatario del servicio de control de la recogida selectiva de basuras contratado por las empresas adjudicatarias, que le reportó 515.000 euros.
La acusada ha declarado que no cuestionó esta contratación porque no requería de su intervención ni tuvo nunca información sobre si prestaba realmente el servicio, mientras que sobre la adquisición de sillas ha incidido en que también la decidió su antecesor, aunque ha hecho hincapié en que estaba justificada porque los ayuntamientos las necesitaban para organizar actos.