La querella por presunta prevaricación, presentada el 28 de abril por los directores de los tres institutos de Secundaria de Mahón contra tres altos cargos de la Conselleria de Educació, tras haber estado expedientados 14 meses en relación con el TIL, ha sido admitida a trámite.
Según han informado este jueves los tres directores -Rafel Andreu, Jaume Bonet y Margarita Seguí- la querella ha pasado a la fase «de investigación», según recoge el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
«Después de leer nuestra querella, el juez ha considerado que se puede haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Por ello, ordena la práctica de diligencias de prueba para determinar lo ocurrido en relación a lo que denunciamos, y después determinará si existe delito», han indicado.
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no incluye imputaciones, pero señala que «las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».
Los tres directores fueron cesados por el anterior Govern balear al negarse a aplicar el decreto del TIL, y posteriormente fueron restituidos en sus cargos.
El pasado abril, se querellaron contra el director de Planificación, Infraestructuras educativas y Recursos Humanos, Bartolomé Isern; el entonces secretario autonómico de Educación, Cultura y Universidades, Guillem Estarellas; y el inspector de educación que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre, aunque puede ser ampliada a más personas durante la tramitación.
Educación abrió los expedientes disciplinarios a los tres directores el 31 de julio de 2013, cuando habían transcurrido 24 horas desde que comunicaron la decisión adoptada por los consejos escolares y las comisiones de coordinación pedagógica de sus centros que se negaban a modificar el proyecto TIL que ya tenían aprobado.
En los expedientes se acusaba a los directores de los tres institutos de Mahón de falta de obediencia a las órdenes de un superior, se calificaba su conducta de muy grave y se ordenaban medidas cautelares por las que fueron suspendidos. Los expedientes se archivaron el 2 de octubre de 2014 por falta de tipificación de la conducta de los directores.