PSIB, Podemos y MÉS han acordado este jueves diferentes medidas durante sus negociaciones como realizar un cambio del Estatut d'Autonomia para eliminar los aforamientos, así como modificar la Ley de Función Pública para eliminar el 'nivel 33' y «limitar» las preguntas de 'autobombo', aquellas que formula el grupo o grupos que apoyan al Govern.
Así lo han anunciado representantes de PSIB, MÉS y Podemos, Marc Pons, Fina Santiago y Laura Camargo, respectivamente, quienes también han mostrado su voluntad de suprimir la figura del delegado de Formentera e incorporar el «escaño 60» en el Parlament para favorecer la participación ciudadana.
Por otro lado, proponen modificar la reglamentación para facilitar las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y estudiar la reducción del numero de firmas necesarias, así como garantizar que la propuesta llegue a ponencia si alcanza el mínimo de firmas.
Además, Santiago ha explicado que la oficina balear anticorrupción no estaría ligada al Govern, sino al Parlament, lo que supondría una modificación del reglamento de la Cámara.
Nivel 33
Los funcionarios que pasan a desempeñar cargo político consolidan el 'nivel 33' que les incrementa su sueldo con una retribución vitalicia. En alguno casos alcanza los 10.000 euros anuales. En cambio, los ciudadanos que acceden a la política desde la empresa privada no recibirán nunca este plus.
Síndic de Greuges
Camargo ha señalado también que quieren nombrar a un Síndic de Greuges porque se trata de una «figura necesaria para llevar a cabo esta idea de escuchar y tener más en cuenta la participación y posibilidad de dar voz a los ciudadanos».
Por otro lado, harán una reforma de la Ley de transparencia para que haya un «Govern abierto» y una «agenda pública y transparente de todos los cargos públicos».
Marc Pons, por su parte, ha explicado otros de los acuerdos alcanzados tras las más de siete horas de reunión de este jueves como la racionalización de la administración pública, la reforma del sistema de financiación o la reclamación de las inversiones estatutarias.
Asimismo, ha anunciado la aplicación de una tarifa plana para garantizar que cualquier ciudadano, sea de Balears o no, pueda volar interislas a 30 euros, y el hecho de que el Govern, Consells y ayuntamientos afectados puedan formar parte de un ente gestor de los aeropuertos de las Islas.
Por otro lado, Santiago ha aclarado que la renta mínima garantizada que quieren instaurar no beneficiaría a alrededor de 115.000 personas puesto que éstas son las que están en riesgo de exclusión.
En cuanto al estado en el que se encuentran las negociaciones, la econacionalista ha considerado «posible el acuerdo político» aunque ha admitido que el organigrama y la presidencia son temas más «delicados». En cualquier caso, ha opinado que «sería una irresponsabilidad no llegar a un acuerdo» a consecuencia de esto.