Tiene 63 años y está a punto de ser desahuciada de la casa en la que vive (en régimen de alquiler) junto a su hija de 44 años y sus dos nietos de 24 y 18 años. Se llama Francisca Vera Martínez, nacida en Barcelona pero residente en Palma desde hace 26 años, y ha recibido una orden de desahucio para junio.
Francisca Vera es una víctima más de la crisis económica y de los recortes sociales. Enferma del corazón, con problemas de diabetes y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tiene reconocida una discapacidad del 87 % y percibe una prestación no contributiva, con la que malvive junto a su hija Rosario, se encarga de las necesidades de la familia, y sus dos nietos Víctor (con parálisis cerebral y un cien por cien de discapacidad) y la joven Noelia, que acaba de cumplir la mayoría de edad.
Esta abuela reconoce que «con los ingresos familiares que tenemos no podemos vivir. Entre mi nieto y yo cobramos 1.000 euros, tenemos que pagar 550 de alquiler, más todos los gastos de la casa, sólo las facturas de electricidad nos suponen unos pagos de 300 euros», explica Francisca. «Es cierto que debemos cinco meses de alquiler. Yo entiendo al propietario de la vivienda, es lógico que él quiera cobrar, pero nosotros no podemos pagar», añade esta mujer.
«Hemos pedido ayuda al Ibavi y, de momento, no hemos conseguido nada. Estamos intentando conseguir una vivienda de protección oficial en alquiler o una con menor coste, que podamos pagar», apostilla.