Santa Catalina, el barrio palmesano más de moda en estos momentos, está prohibido para las personas con discapacidades físicas. «Totalmente inaccesible» para quien se mueve en silla de ruedas, a decir de Predif, la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos.
Desde la Plataforma se reconoce que «entre el 90 y 95 por ciento del centro de Ciutat es accesible», en referencia a las calles, no a los edificios, pero también se aseveró que «hay mucho trabajo por hacer fuera del centro, como en Santa Catalina, donde no hay aceras rebajadas, y en el extrarradio, «como La Soledat o Son Oliva, por poner dos ejemplos», apuntó el presidente de Predif, Maties Bosch.
Hasta la pasada legislatura, en que Aina Calvo ocupaba la Alcaldía, «no se empezó a hacer nada por la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad y la actual legislatura ha sido de continuismo», aseguró Bosch, quien confió en que «si se sigue trabajando como se ha hecho estos últimos ocho años podemos presumir de una ciudad accesible en cuatro o cinco años». Otra cosa son los comercios o los edificios públicos y privados. En este sentido, tanto desde Predif como desde Asprom, la Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física, se coincidió en que hay muchas barreras y que las administraciones públicas son las primeras en incumplir la ley balear de accesibilidad. Zafra cifró en «más o menos un 50 % el porcentaje de edificios de uso público que son inaccesibles tanto en Palma como en Balears en general».
Con todo, las entidades que representan a las personas con discapacidad consideraron que estos últimos cuatro años, con Mateu Isern como alcalde, «sí se ha avanzado en Palma», pero «partíamos de muy abajo y por eso aún queda mucho por hacer», recordaron.