El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha denunciado en los Juzgados de Palma la presunta comisión de un delito de prevaricación a raíz del distinto trato que el Ajuntament ha dado, dependiendo de su identidad y afiliación, a los policías locales imputados por la trama de corrupción que habrían urdido en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, entre otras conductas ilícitas.
En concreto, hasta 34 agentes se encuentran imputados en el marco de la causa que instruye bajo secreto sumarial el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital balear. Se trata de unos hechos por los que, además, han sido encausados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.
En su denuncia, la entidad recalca respecto a las anteriores pesquisas cómo la Administración, de forma «absolutamente arbitraria», ha adoptado en unos casos unas medidas u otras, ha ordenado cambios de destino o simplemente no ha acordado medida cautelar alguna en otros -como en el caso Mut- pese a que en la conducta de estos últimos «concurran presumiblemente varios delitos».
Del mismo modo, el SPPME recrimina el hecho de que se hayan acordado medidas de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de delitos leves, todo ello en lo que la entidad califica de «ejercicio arbitrario de poder» pues «dependiendo de la identidad, afinidad o cargo del inculpado, se han adoptado unas u otras medidas, o simplemente no se ha adoptado ninguna», y todo ello «con independencia de la mayor o menor gravedad de los hechos imputados».
La denuncia se ampara además el Decreto 45/1995, de 4 de mayo, así como en la Ley de Coordinación de Policías Locales para subrayar cómo la normativa concede al alcalde del Ajuntament en cuestión la facultad de adoptar medidas cautelares en el supuesto de procederse a la apertura de un expediente sancionador contra los policías locales.
Establece así que iniciado el procedimiento penal o disciplinario, si hay elementos de juicio suficientes, el alcalde puede acordar, preventivamente y de forma motivada, las medidas cautelares adecuadas para facilitar la tramitación del expediente y asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer.
Cabe recordar, además, que el Juzgado de Instrucción número 12 abrió en 2013 una investigación en torno a la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo un año antes en el cuerpo policial y que llevó al Instituto Armado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.
A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.
Mientras tanto, en relación a las supuestas extorsiones fueron detenidos el pasado mes de enero ocho agentes de la Policía Local por distintas conductas ilegales, mientras que ya antes habían sido arrestados el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.