La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en Balears ha iniciado una campaña dirigida a los Ayuntamientos de las islas, consells y grupos parlamentarios para que se posicionen «en contra de la privatización de los registros civiles» que promueve el Gobierno central.
El objetivo de la iniciativa es explicar «los perjuicios del proceso de privatización encubierto de otro servicio público» que, en opinión del sindicato, conllevará el traslado de competencias de los registros civiles a los registradores de la propiedad a partir del próximo 15 de julio, ha informado UGT en un comunicado.
En un texto enviado por el sindicato a Ayuntamientos, Consells y grupos parlamentarios, reclama que se subscriban a un acuerdo en el rechacen la asignación de los registros civiles a los registradores de la propiedad y «la posible mercantilización de los datos personales de la ciudadanía».
También pide que exijan que cualquier reforma de los registros civiles mantenga este servicio público «dentro de la Administración de Justicia» y con personal sea funcionario «con el objetivo de garantizar la gratuidad de todos los trámites y la privacidad de los datos».
UGT reclama al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que rectifique su pretensión de privatizar los registros civiles y los mantenga «como un servicio público, gratuito y de proximidad».
El sindicato ha calificado de «alarmante» que el Ministerio de Justicia, a tres meses de la entrada en vigor de la reforma, no haya aclarado a qué registradores se deberá acudir para realizar las inscripciones ni en qué situación quedan los residentes que no vivan en una capital de provincia, quienes podrían tener que desplazarse varios kilómetros para acceder a un servicio que hasta ahora recibían de manera gratuita en sus localidades.