La liquidación de Banco Madrid impuesta por el Banco de España el pasado mes de marzo ha afectado a grandes inversores de Balears, inmersos en un complejo proceso judicial –concurso de acreedores–con el objetivo de recuperar su dinero.
Los fondos y depósitos de la entidad están bloqueados, y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Créditos solo garantiza la devolución de 100.000 euros por titular. La filial española de Banca Privada de Andorra (BPA) inauguró sus oficinas en Balears en 1988 y su objetivo era captar a 8.000 clientes.
El bufete Cremades & Calvo Sotelo representa a una parte importante de afectados en las Islas, y el letrado Jorge Sainz de Baranda (en la foto del círculo) dijo a Ultima Hora que por ahora, y a la espera del listado de acreedores, «no se puede cuantificar ni el número de afectados ni las cantidades que reclaman».
En los días previos al conocido como ‘corralito', en alusión a un caso similar en Argentina, se había producido un gran volumen de operaciones en la sucursal de Palma para retirar fondos en previsión de alguna medida extrema, como así sucedió.