Dolores Hernández y María Urrea lograron este martes paralizar en el último momento el proceso de subasta de sus viviendas –paso previo al desahucio en pocos meses– gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que denunció, una vez más, que las entidades financieras no les ofrecieron en ningún momento acogerse al código de buenas prácticas para poder reestructurar la deuda.
Dolores, de 74 años y enferma de leucemia, estaba citada en el juzgado para el inicio del proceso de subasta de su planta baja de Son Sardina, ya pagada. Su drama es que no ha podido hacer frente al préstamo de su hijo, al que avaló y del que ahora no sabe nada. «Se ha desentendido y no sabemos ni dónde está», reconoce Juana María, la hija de Dolores, a la que la entidad financiera reclama unos 158.000 euros, aunque ella vive con una pensión que ronda los 500 euros.
En el caso de María, que padece una minusvalía, su amenaza de subasta llegó por una deuda de apenas 4.200 euros de cuotas impagadas de su piso.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca alegó ante el juez que en ambos casos los bancos incumplieron su obligación de dar una segunda oportunidad a estas mujeres y ahora se espera que los abogados de oficio reconduzcan la situación, en el caso de Dolores para que el banco la excluya de la deuda que tiene su hijo o que pueda pagarla de forma fraccionada y a lo largo de varios años.
La portavoz de la Plataforma, Ángela Pons, insistió en que las personas que se vean en esta situación acudan a ellos cuanto antes «porque podemos orientarles». La plataforma atiende los lunes, a partir de las 18.30 horas, en la calle Joan Alcover, 54 Bajos, y en el teléfono 634 538 958.