El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, mantiene su decisión de que los hechos denunciados por el farmacéutico menorquín Cristóbal Pons en la querella por prevaricación contra el president José Ramón Bauzá por demorar los concursos para abrir nuevas oficinas de farmacias, no son constitutivos de delito. Pero, podría cambiar de opinión una vez estudiada la documentación solicitada por el juez instructor del ‘caso Farmacias', Antoni Garcías, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.
A esa documentación, el decreto ley de modificación de la ordenación farmacéutica, los concursos públicos de apertura de nuevas boticas y sentencia del TSJB sobre la compatibilidad de Bauzá para ejercer el cargo de president y ser titular de una farmacia en Marratxí, se unirá la que aporte el querellante.
Barceló «sigue convencido» de que hoy por hoy no hay argumento que justifiquen la admisión a trámite de la querella, como ya lo dejó establecido el 24 de julio de 2014, en su escrito dirigido al juez.
Por ahora lo ve tan claro, que ni siquiera asistió a la testifical del querellante el pasado viernes. «No es obligatorio que un fiscal asista a las declaraciones», explicaron las misma fuentes, aunque en el caso de Barceló, podría estar presente en los futuros interrogatorios, sobre todo, si llega a la conclusión de que la querella tiene recorrido.